La creación de un grupo de trabajo específico dentro de la CICAPE para abordar las singularidades de Ceuta y Melilla es una noticia que debe recibirse con satisfacción. Durante demasiado tiempo, ambas ciudades autónomas han reclamado un tratamiento diferenciado dentro de la arquitectura administrativa del Estado, conscientes de que su condición fronteriza y su realidad migratoria no encajan en los moldes generales que sirven para el resto del territorio nacional.
El anuncio realizado este miércoles en Santiago de Compostela, de la mano del ministro Ángel Víctor Torres, supone algo más que un gesto simbólico. Reconoce, de forma expresa, que Ceuta y Melilla afrontan desafíos que exigen mecanismos propios de análisis y coordinación. No es lo mismo gestionar la acción del Estado en una comunidad peninsular que hacerlo en dos ciudades que comparten frontera terrestre con Marruecos y que soportan, año tras año, la presión de los flujos migratorios en primera línea.
Resulta acertado, además, que este grupo se diseñe de forma paralela al destinado a Baleares y Canarias, en un ejercicio de sensibilidad hacia la insularidad. Ambas fórmulas parten de una misma idea: no todos los territorios necesitan las mismas respuestas, y la Administración debe ser capaz de adaptarse a esa diversidad en lugar de imponer soluciones uniformes que terminan por no encajar en ningún sitio.
La medida llega, además, acompañada de otras decisiones que apuntan en la misma dirección: el refuerzo de plantillas en delegaciones y subdelegaciones, la implantación de sistemas de productividad y la apertura a compensaciones para empleados públicos en territorios periféricos.
Se trata de un paquete coherente que, bien ejecutado, puede traducirse en una Administración más presente y más eficaz en Ceuta. Ahora corresponde que este nuevo espacio de trabajo se llene de contenido real, con medidas concretas que respondan a las necesidades cotidianas de la ciudad.
La estructura ya existe; el reto, a partir de ahora, es que dé resultados tangibles.
