El Pleno del Parlamento andaluz ha dado luz verde este miércoles a la propuesta de convenio de colaboración entre Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta para el traslado de niños, niñas y adolescentes inmigrantes no acompañados en situaciones de contingencia inmigratoria. Este texto, que ha salido adelante con el voto en contra de Vox, permitirá la derivación e integración de niños y adolescentes entre las dos partes "de manera ágil y estable".
La propuesta de convenio, cuya autorización ha seguido el procedimiento regulado en el artículo 179 del Reglamento del Parlamento, y a la que no se han presentado propuestas de resolución, ha recibido este miércoles el respaldo de los diputados del PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox ha votado en contra.
Al término del debate, y antes de la votación, ha tomado la palabra ante el Pleno la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que ha defendido que la inmigración es "una política de Estado" que debe ser compatible con "el principio de solidaridad", y en esa línea ha reivindicado "la sensibilidad y solidaridad" como "pilares que nos deben mover a todos".
En esa línea, ha indicado que discrepa "profundamente" de Vox, con quien ha dicho estar "de acuerdo en que hay que acabar con las mafias, pero eso no debe chocar con la sensibilidad y solidaridad", según ha apostillado antes de advertir de que dicho grupo "se ha equivocado" con ella si pretende que "la solución" cuando lleguen menores en patera a las costas andaluzas sea pedirle que den "vuelta atrás" para que se vayan por donde han venido.
Fue el pasado 29 de mayo cuando el Consejo de Gobierno andaluz acordó solicitar al Parlamento autonómico autorización para la firma de dicho convenio de colaboración entre Andalucía y Ceuta --que prevé contar con el refrendo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta andaluza, y de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ceutí--, que persigue como objetivo coordinar las actuaciones entre ambas administraciones públicas para la protección de los menores que sean trasladados desde Ceuta a Andalucía de acuerdo con el Plan de Respuesta aprobado por la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia en octubre de 2022.
Posteriormente, el 31 de mayo, la Mesa del Parlamento andaluz conoció dicha propuesta de convenio de colaboración y acordó su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) y su envío a la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que lo abordó en una sesión celebrada el pasado 7 de septiembre.
Según informó la Junta cuando la propuesta de convenio pasó por el Consejo de Gobierno, dicho acuerdo pretende ser un instrumento de cooperación interautonómico que permita la derivación e integración de los niños y adolescentes inmigrantes no acompañados entre las dos partes de manera "ágil y estable" en el tiempo, mientras continúe desarrollándose la crisis migratoria que afecta a la ciudad de Ceuta.
Por ello, ambas administraciones se comprometen a llevar a cabo "todas las actuaciones administrativas" para la asunción por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la tutela de estos menores.
Este acuerdo --que, según aclaró la Junta, no supone obligación económica alguna para las arcas de la administración andaluza--, se financia con fondos estatales que el Gobierno reparte entre las comunidades autónomas afectadas, como las Islas Canarias, Ceuta o Andalucía, entre otras.
En concreto, Ceuta asume los gastos derivados del traslado de los menores de edad y del personal que los acompañe desde el dispositivo de partida hasta el recurso que señale Andalucía, para cuya financiación el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 contribuirá con 500.000 euros.
El número total de menores migrantes no acompañados que serán acogidos por Andalucía conforme al Plan de Respuesta ante crisis migratoria para menores inmigrantes 2022-2023 será de 38, para cuya financiación el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aportará la cantidad de dos millones de euros, según ha detallado la Junta.
Los gastos que se financiarán con cargo a esta asignación serán todos aquellos destinados a la atención inmediata y la acogida de estos menores trasladados, así como las acciones de información, orientación, apoyo psicosocial, incluida la escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o familiar.
Además, todas las comunidades autónomas que aportan más de 30 plazas, como es el caso de Andalucía, recibirán 500.000 euros para posibles gastos adicionales derivados de la ampliación de plazas del sistema y gastos estructurales, ya que este acuerdo no está limitado a los 38 menores asignados, sino que comprende traslados posteriores que puedan realizarse, según han aclarado desde el Gobierno andaluz.
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