La Ciudad Autónoma de Ceuta ha ordenado el cierre inmediato de un taller de mecánica de vehículos que operaba sin licencia en la avenida Martínez Catena, en la zona de Almadraba.
La medida, adoptada por la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, y anunciada a través del BOE, se basa en una denuncia presentada por la Policía Local y en diversos informes técnicos que confirman tanto la ilegalidad de la actividad como el estado de abandono y riesgo del local.
La intervención se produce tras comprobarse que el negocio carecía de la correspondiente licencia de apertura. La actividad se desarrollaba en un local que, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ceuta, está incluido en el área de remodelación de la carretera N-352, sin ordenación detallada ni usos definidos. Esto significa que, legalmente, no es posible regularizar ningún tipo de actividad en ese espacio.
Además de la falta de permisos, lo que ha encendido las alarmas es el estado del establecimiento. Los técnicos constataron la presencia de neumáticos apilados, productos líquidos que podrían ser inflamables, enseres abandonados y suciedad generalizada. Un panorama preocupante que, en caso de incendio, podría haber tenido consecuencias muy graves tanto para las personas como para el entorno.
Pero hay más: el informe de la Policía Local añade que el lugar estaba siendo utilizado como dormitorio por la persona que trabaja en el taller, una situación que refuerza la urgencia de clausurar el espacio por motivos de seguridad y salubridad.
Actividad ilegal como taller y en terreno municipal
El asunto se complica aún más al comprobarse que el local no es propiedad privada. De acuerdo con los datos del Catastro, el inmueble pertenece a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Por ello, desde la Consejería también se ha dado traslado del expediente al Negociado de Patrimonio para investigar en qué condiciones se está ocupando el espacio y si es necesario recuperarlo para el uso público.
El expediente señala que no se han presentado alegaciones por parte del titular de la actividad, identificado únicamente mediante su número de pasaporte, por lo que la administración ha continuado con el procedimiento sancionador. La sanción económica impuesta asciende a 750,10 euros, que corresponde a la cuantía mínima establecida para este tipo de infracciones, según la Ordenanza municipal que regula la apertura y funcionamiento de establecimientos.
No se pueden hacer obras ni legalizar la actividad
Uno de los aspectos clave que imposibilita cualquier intento de legalización del taller es que, según el propio PGOU, la zona donde se encuentra está “fuera de ordenación”. Esto quiere decir que, hasta que no se desarrolle un nuevo plan urbanístico para el área, no se pueden autorizar actividades nuevas ni obras de acondicionamiento. Y como ese plazo todavía no ha expirado, el margen legal para regularizar el taller es inexistente.
Incluso aunque se pretendiera adaptar mínimamente el local para garantizar un mínimo de seguridad, la normativa exige que el promotor renuncie a cualquier derecho sobre el valor del inmueble en caso de expropiación. Algo que, en este caso, tampoco ha ocurrido.
Clausura inmediata y aviso de desobediencia
Ante la gravedad de los hechos, se ha emitido una orden firme para la paralización de la actividad. En caso de incumplimiento, se advierte que la Policía Local está autorizada a ejecutar el cierre por la fuerza si fuera necesario, empleando los medios disponibles. Además, si el responsable se niega a acatar la medida, podría enfrentarse a un delito de desobediencia y la situación sería trasladada a la Fiscalía.
Cualquier actividad clasificada —como es un taller de vehículos— debe contar con licencia de instalación y apertura antes de empezar a funcionar. Y, lo más importante: esa actividad debe desarrollarse en un espacio legalmente habilitado para ello, con condiciones mínimas de seguridad, higiene y salubridad.
