El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta tuvo que suspender un juicio por la ausencia de uno de los acusados por su implicación en la denominada Operación Karkubi.
De los cuatro acusados, solo uno no pudo estar en la vista; no fue por voluntad propia, sino porque el titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla lo extraditó tras otro delito contra la salud pública, lo que le impide pisar suelo español para acudir al juicio.
La operación se produjo en mayo de 2023 y hubo cuatro detenidos en una intervención de la Udyco de la Policía Nacional entre Ceuta y Sevilla, con la que se desarticuló a un grupo dedicado a organizar el traslado de pastillas a Marruecos.
Ahora, dos años después, esos cuatro acusados esperan juicio oral por delitos contra la salud pública y organización criminal, por los que se enfrentan a hasta cuatro años de prisión.
La vista se celebrará, si no hay giro inesperado, en el próximo mes de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 2.
La Fiscalía sostiene que los identificados por iniciales R.H.H., I.B., S.R.A. y M.A.M. coparticipaban en el reparto de funciones para distribuir Rivotril y Trankimazin entre Ceuta y Marruecos.
Al menos estuvieron implicados en ese negocio desde mayo de 2023, hasta que la Udyco inició la investigación que derivó en esa cadena de arrestos.
El modus operandi, según el Ministerio Fiscal y las investigaciones del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), consistía en adquirir grandes cantidades de comprimidos mediante la entrega de recetas médicas obtenidas ilícitamente.
Los acusados los obtenían en farmacias de Ceuta, pero también en otras de la Península.
Una vez en posesión de las pastillas, se concertaban con otras personas no identificadas para que las ocultaran en coches y las transportaran a Marruecos. Los vehículos eran cargados en garajes ubicados en Los Rosales, cerca de la antigua prisión.
La Policía realizó varios seguimientos a los sospechosos hasta proceder a las detenciones. Así, en octubre de 2023 sorprendieron a uno de los acusados saliendo de una vivienda en Sevilla con 720 comprimidos de Rivotril y 60 de clonazepam, valorados en 4.500 euros. Posteriormente se efectuaron los cuatro arrestos.
A tres de los acusados se les solicita pena de cárcel por tráfico de drogas, concretamente 3 años de prisión. Además, a tres de ellos se les añade una petición de 1 año más de privación de libertad por delito de organización criminal.
Esta operación se enmarca en un periodo en el que se produjo un repunte en el tráfico de pastillas, llegando a dispararse el precio de la mercancía destinada a su introducción en Marruecos.
En base a informes de las fuerzas de seguridad, se cifró el pago en hasta 8 euros por comprimido.
El tráfico de este tipo de medicamentos estaba orientado a la fabricación del karkubi, una droga elaborada mediante la mezcla de pastillas con hachís y otros fármacos.
El consumo de esta sustancia, combinado con alcohol o pegamento, produce efectos muy dañinos. El número de consumidores al otro lado de la frontera aumentó de manera notable, consolidando ese negocio entre España y Marruecos.
Se traficaba con hachís desde el país vecino hacia Ceuta y, a la inversa, se introducían grandes cantidades de pastillas procedentes de la Península para su comercio clandestino en Marruecos.
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