La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha informado de la ‘Operación Repícaro’ contra empresas ficticias en la provincia gaditana, con un total de 62 detenidos y 133 imputados hasta el momento por presuntos delitos de estafa y fraude a la Seguridad Social que podría rondar el millón de euros.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Ceuta ha sido escenario de esa actuación aunque no se ha dado a conocer cuántas personas podrían estar vinculadas en la ciudad a esta trama.
Según ha explicado el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, se trata de una operación conjunta entre la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil que tiene su origen en otras dos operaciones anteriores por las mismas prácticas delictivas -‘Relisto’ y ‘Picones’, que supusieron la detención y puesta a disposición judicial de 422 y 304 personas, respectivamente.
Detalla De Torre que personas imputadas por ser presuntos trabajadores ficticios de las falsas empresas descubiertas en dichas operaciones habrían creado cuatro nuevas empresas ficticias supuestamente dedicadas a la limpieza, la construcción y el sector del taxi.
A través de ellas, habrían contratado a 78 trabajadores y realizado 221 movimientos de altas y bajas a la Seguridad Social, lo cual fue detectado por la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social, que pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía en julio de 2013.
El objetivo de los falsos trabajadores de estas empresas ficticias era obtener prestaciones por desempleo, por maternidad o acceder al tercer grado penitenciario gracias a un contrato simulado. El grueso de los detenidos e imputados son de la provincia de Cádiz, aunque también hay personas de Madrid, Sevilla, la propia Ceuta, Jaén y Las Palmas de Gran Canaria.
De Torre ha explicado que el procedimiento administrativo sancionador de la Inspección de Trabajo queda sujeto a la investigación judicial que a partir de ahora se inicie por parte de los órganos competentes. No obstante, se han podido recuperar 584.000 euros de prestaciones cobradas o que se iban a cobrar porque se había generado un derecho ficticio a la prestación. Se impone una sanción de 537.000 euros a las empresas ficticias.
La lucha contra la ilegalidad, una prioridad
Es el mensaje del Gobierno: la lucha contra el fraude es una “prioridad”, habiéndose incrementado en un 704 por ciento las actuaciones contra empresas ficticias en el periodo 2012/2013 respecto al periodo 2010/2011. A tenor de este operativo, la Subdelegación de Cádiz ha señalado el buen funcionamiento de los mecanismos y alarmas puestos en marcha por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, ya que fue el seguimiento de personas implicadas en 'Picones' y 'Relisto' lo que ha permitido desarrollar esta operación. Igualmente, ha significado la "enorme dificultad" que ha entrañado la operación, ya que se ha detectado cambios operativos.
