La Red Española por la Inmigración, que integran fundaciones, ONG y juristas de todo el territorio nacional, ha puesto en marcha una batería de medidas para pedir que no se acuse de un delito de tráfico de seres humanos al padre del niño costamarfileño introducido en una maleta para cruzar clandestinamente la frontera de El Tarajal (Ceuta) dadas las circunstancias que concurren en este caso.
El abogado Estanislao Naranjo Infante, coordinador de esta campaña que pasa por pedir a la Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados, por un lado, que se evite enjuiciar a este hombre por un delito pensado para castigar por ejemplo al patrón de un cayuco y, por otro, que se abra un debate sobre los requisitos de la reagrupación familiar que impone la Ley de Extranjería.
Naranjo Infante dice que no se entiende además, que se haya dictado prisión provisional sobre él, "cuando tiene permiso de residencia en España, domicilio conocido, trabajo fijo esposa y una hija en el país".
Sobre la reagrupación en España del niño de ocho años, que le fue negada por no reunir los requisitos económicos exigidos, la Red pide que se abra un proceso de debate y así lo ha instado a través de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, pues considera que "la aplicación estricta de la ley puede dar lugar a situaciones de injusticia", como en su opinión es el caso.
Al Defensor del Pueblo le piden que el niño no siga ingresado en el centro de menores de Ceuta en el que permanece desde que fue liberado de la maleta por los agentes policiales del puesto fronterizo. Solicitan que interceda para que pueda mantenerse con su núcleo familiar, la madre y la hermana que están en Canarias, mientras se desarrolla el procedimiento.
