“Estoy muy arrepentido de lo que hice, de verdad, no puedo volver a mi país porque allí estamos en guerra, la situación es muy mala y no se puede estar ni vivir en paz”.
Las palabras de G.O.P., natural de Nigeria, fueron las últimas que pronunció el hombre, acusado de incurrir en un delito de falsedad documental, ayer, en el riguroso turno final de manifestación que siempre otorga el magistrado antes de que un juicio llegue a su conclusión.
A continuación, el juicio quedó visto para sentencia. Lo hizo tras la celebración, en la sala de lo Penal número 2, de un caso que ocurrió a las diez y veinte minutos de la mañana del 14 de octubre del pasado año en el Puerto de Ceuta, cuando el hombre, residente en el CETI desde el mes de agosto anterior, intentó superar el control de seguridad previo al embarque con la intención de, ilegalmente, poner pie en la Península.
Para ello, y además desobedecer la orden interna del CETI que le impide salir de Ceuta sin una autorización previa, el hombre presentó una documentación falsa en la que la fotografía y el nombre no correspondía con su cara ni con su nombre y apellido sino que era en realidad la identidad de un ciudadano francés.
Durante la celebración del juicio, se pudo escuchar las versiones de acusado y testigo, el agente de la Policía Nacional que advirtió el proceder ilegal de G.O.P.
De tal modo, el hombre defendió su actuación alegando que “por culpa de mis recurrentes migrañas, había pedido dos semanas antes unas pastillas para combatirlas, pero eran pastillas que no me hacían bien, lo que me llevó a pensar que, en realidad, no fueran medicina sino una sustancia que, con malas intenciones, me las había suministrado la persona que me las dio, algo que me provocó actuar de manera errónea”. Respecto a este último detalle, el agente declaró que “en ningún momento el hombre dio muestras de actuar o de hablar de una forma fuera de lo normal”.
Finalmente, el Fiscal solicitó para el hombre una condena de nueve meses de prisión y una multa durante cinco meses a razón de cinco euros diarios, pena a sustituir por la expulsión del territorio nacional por un período de cinco años, algo que G.O.P. no aceptó, razón por la cual será ahora el juez quien deba decidir la pena final.
