Las prioridades de las asociaciones profesionales de guardias civiles han cambiado, porque las prioridades de los guardias civiles parecen haber cambiado. Esa es mi impresión y la impresión de los compañeros con los que he hablado sobre la NO aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles. Esta exigencia ha pasado a un segundo plano, porque antes están otros muchos objetivos como la equiparación real, catalogar la labor policial como profesión de riesgo, jubilación digna y jornada laboral.
En esta realidad estamos cuando el Grupo Sumar presentó la propuesta de la No aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones policiales. Una propuesta que fue votada en contra por el Grupo Parlamentario Socialista, además de contar con la abstención del Partido Popular, Vox y los independentistas. Ninguna sorpresa que destacar en el resultado de la votación, pero sí en la argumentación de cada uno de los grupos.
El Grupo socialista, representado por Manuel Arribas, ha rechazado la iniciativa argumentando que la Guardia Civil es un Instituto Armado de naturaleza militar, tal y como establece la Constitución, y que esa estructura "garantiza la cohesión, la disciplina y la eficacia". Una argumentación que no se sostiene, porque la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil, ella sola, garantiza la disciplina, eficacia y cohesión. Ella sola sostiene los valores que se espera de los guardias civiles y de la propia Institución. Sin embargo, tendríamos que recordarle que en determinados momentos el Partido Socialista se posicionó “brevemente” en la NO aplicación del Código Penal Militar.
El Partido Popular, representado por María Jesús Moro, defendió estudiar "disfunciones o solapamientos normativos", un solapamiento imposible, porque se trata de no aplicar el código penal militar cuando los guardias civiles realicen funciones policiales. Unas funciones que están perfectamente definidas y, por tanto, sin posibilidad de ninguna disfunción. Sin embargo, tendríamos que recordarle que también coquetearon con una propuesta similar.
El diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, manifestó que su abstención se debía a la falta de confianza en Gobierno, pero reconocía la necesidad de ajustes entre el Código Penal Militar y el régimen disciplinario, sin cuestionar la naturaleza militar de la Guardia Civil. Un posicionamiento similar al del Grupo Popular.
Los argumentos de los grupos políticos poco o nada han cambiado en los últimos veinte años, aunque sí y, mucho, las prioridades de los guardias civiles, donde una de ellas, era la No aplicación del Código Penal Militar. Un cambio sustancial determinado por los avances en derechos laborales, jornada y retribuciones. Sin embargo, la No aplicación del Código Penal Militar, llegará con el paso del tiempo, como llegaron otros derechos ciudadanos impensables como -el divorcio, matrimonio igualitario, libertad de expresión- y, a pesar de los muchos argumentos insostenibles, la Guardia Civil no dejará de ser una Institución cohesionada, disciplinada y eficaz.
Lo insostenible son los argumentos. El tiempo dará o quitará la razón.
