Quienes las protagonizan directamente o están al tanto de ellas de primera mano las llaman negociaciones “informales”. Su objetivo es evitar, antes de final de este mes, que la ampliación de la jornada ordinaria en el Ayuntamiento se concrete en un recorte de las nóminas por entre 120 y 200 euros, según el caso, a través de la reducción a un 50% del plus de jornada especial que perciben policías y bomberos, entre otros servicios municipales.
Con los sindicatos en esta ocasión en un atento segundo plano, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) ha tomado la iniciativa, según las fuentes consultadas con el beneplácito expreso del propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y cree haber cuadrado una contrapropuesta de realización de servicios extraordinarios para satisfacer los requerimientos del Ejecutivo sin renunciar al principio que refrendó la plantilla en asamblea de no trabajar más gratis.
El planteamiento de los bomberos, acogido “con buenos ojos” en la plantilla, pasaría por hacer horas extraordinarias (en términos brutos, 2,5 más a la semana, aunque sus criterios de baremación reducen el número total muy sensiblemente por debajo de las 110 que sumaría esa diferencia al año) en el Monte Hacho y García Aldave, donde el SEIS ha dejado de estar este verano, y compensar esos servicios con la percepción íntegra de la jornada especial y una contraprestación en forma de días libres.
Siempre según los involucrados en las conversaciones, la oferta, que se plasmaría por escribo con la condición de ser revisable en 2014 en función de la evolución de la coyuntura económica, no ha sido rechazada por el líder del Ejecutivo, que habría instado a encontrar una fórmula homóloga en la Policía Local.
FSP-UGT, que defendió ante Recursos Humanos el ‘no’ de la asamblea de policías y bomberos a crear una bolsa de servicios extraordinarios, mantiene un criterio según el cual no se opondrá a ningún posible acuerdo que satisfaga a los afectados “en conjunto”, pero nunca individualizada.
Todas las fuentes sindicales consultadas “dudan”, sin embargo, de que el Gobierno, que ya ha recogido el ahorro de no pagar el 50% de la ‘especial’ (400.000 euros) en su expediente de modificación presupuestaria, acabe aceptando formalmente dar marcha atrás.
