La jubilación del excomisario de la Policía gibraltareña, Ian McGrail, hace unas semanas, cuando le quedaban todavía dos años de carrera, ha llevado a la intervención en el Parlamento del ministro principal, Fabián Picardo, y a que en su discurso haya habido alusiones
al incidente que costó la vida a dos españoles, vecinos de Ceuta, cuando la semirrígida que ocupaban con otras dos personas más
fuera arrollada en aguas españolas por una patrullera gibraltareña.
Nadie ha explicado por qué se produjo esa jubilación, pero a preguntas de la oposición, Picardo aclararía que fue a petición de la GPA (autoridad de la Policía) previa aprobación del gobernador y del propio Picardo.
Habrá una comisión de investigación para analizar las razones de esa jubilación anticipada tras 36 años de servicio. Lo curioso es que a la hora de debatir políticamente en torno a este asunto se ha hecho menciones en varias ocasiones al suceso que costó la vida a los dos españoles.
Los abogados de McGrail dijeron en un comunicado que creían “firmemente que las circunstancias que condujeron” a su jubilación anticipada “requieren una investigación definitiva, bien informada y detallada”, apuntando que en ausencia de una investigación legal independiente, existe un riesgo real para la reputación de
Gibraltar como democracia parlamentaria avanzada, bajo el gobierno de la ley.
El Gobierno no consideraba necesario llevar a cabo una investigación sobre la jubilación anticipada de McGrail, recalcando que “todos los aspectos de esta cuestión, en lo referente a las acciones y decisiones de la Autoridad Policial de Gibraltar (Gibraltar Police Authority, GPA), la Oficina del Gobernador (Office of the Governor) y mi propia participación han sido enteramente correctas y basadas en la asesoría legal recibida”, pero dará el paso.
El Gobierno de Gibraltar considera que “aun reconociendo que podría existir curiosidad entre el público acerca de dichas circunstancias, incluso rumores y habladurías, en su momento pensamos que exponer nuevamente los detalles y hechos que surgieron y condujeron a la jubilación de McGrail no produciría ningún efecto positivo”, pero el Gobierno “tampoco podía dejar de responder con toda veracidad a preguntas planteadas en esta Cámara sobre esta cuestión para evitar la realidad del por qué McGrail se jubiló de forma anticipada”, concreta.
“Lo que el Gobierno no puede hacer, en este momento, es decir nada más acerca de los detalles relativos a la información disponible por el Gobierno y que motivó las posiciones y decisiones de la Autoridad Policial de Gibraltar, el entonces gobernador y, de hecho, mi propia posición relativa al ejercicio de mis poderes en virtud de la Ley Policial (Police Act). Seamos claros, señor presidente, no es que no queramos ofrecer todos los detalles, sino que se nos ha aconsejado que hacerlo iría en contra del interés público en este momento. El motivo por el cual no podemos proporcionar más detalles en este momento está relacionado principalmente con investigaciones criminales sensibles, relativas al reciente incidente sucedido en el mar y que derivó en la muerte de dos ciudadanos españoles”, zanja en su intervención.
“Es indiscutible que no redunda en el interés público perjudicar la investigación, así como los intereses de los agentes de Policía que están siendo investigados ni las familias de las personas que murieron en el mar como resultado del incidente. Esta cuestión, obviamente, también tiene importantes connotaciones políticas y diplomáticas más allá de Gibraltar. Además, una cosa es que periódicos y opiniones extranjeras ignoren las reglas acerca de una posible interferencia con unas investigaciones criminales en curso, pero otra muy distinta es que nosotros lo hiciésemos, de modo directo o indirecto, al realizar declaraciones públicas que pudieran afectar de forma tangencial a unas investigaciones criminales. Resultaría especialmente injusto que el Gobierno realizase declaraciones en su propia defensa para poner fin a algunos de los rumores totalmente infundados que circulen sobre esta cuestión si al hacerlo, exonerándonos de ese modo por completo de las alegaciones más exageradas que se hayan podido plantear, pudiésemos generar incluso el menor perjuicio a nuestros agentes de Policía que están siendo investigados o de hecho perjudicar los derechos de las familias de los fallecidos, cuyo interés es que se lleve a cabo una investigación sin interferencias y el resultado de la misma”.
“Sin embargo, señor Presidente, para asegurar que no pueda existir ninguna sugerencia, por muy espuria e infundada que sea, acerca de que haya habido algo inapropiado en relación con el ejercicio de los derechos, en virtud de la Ley Policial, que culminó en la jubilación de McGrail, el Gobierno ha determinado solicitar una investigación, según lo establecido por la Ley de Comisiones de Investigación (Commissions of Inquiry Act)”.