Fuentes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) han asegurado a este medio que algunas de las denuncias interpuestas contra altos cargos podrían estar relacionadas con desacuerdos personales entre las partes y quizá no con un caso de acoso laboral como tal. Así, las diligencias previas a las que ayer hacía referencia esta publicación podrían derivar de una cuestión más personal que laboral que, según han argumentado fuentes cercanas al hospital, podrían tener su origen en un cambio horizontal de puesto de trabajo, ya que una de las denunciantes habría pasado de encargarse del departamento de Cocina a responsable del departamento de Lavandería.
Fuentes del Ingesa han explicado que alguna de las denunciantes habría tenido incluso problemas con otros compañeros de trabajo y que, en este sentido, la Dirección habría llegado a incurrir en algún tipo de discriminación, pero siempre positiva y a favor de las denunciantes.
En cualquier caso, los tres altos cargos llamados a declarar deberán esperar unos días para saber si la jueza decide continuar o no con la posible imputación de un delito contra la integridad moral de los empleados públicos, es decir, una infracción relacionada con el ‘mobbing’ a una de las trabajadoras del hospital. En este marco, como explicaba ayer ‘El Faro’, la finalidad que persiguen quienes ejercen la acusación particular en este caso sería lograr la inhabilitación de los denunciados para el ejercicio de empleo o cargo público. El Fiscal habría seguido adelante con el caso al existir un informe médico pericial en el que se recogen una serie de síntomas que terminarían conformando una ‘lesión psicológica’. En cualquier caso, demostrar la comisión de un delito de acoso laboral -‘mobbing’- siempre resulta complicado dados los requisitos legales establecidos por la jurisprudencia y el Código Penal, que se basaría en muchos casos en conceptos abstractos y difícilmente demostrables a efectos prácticos.
