Lastrado por su propia incapacidad para definir el número de maestros y profesores disponible en los centros educativos de la ciudad el próximo curso, el denominado cupo docente, el Ministerio de
Educación y Formación Profesional (
MEFP) ha descargado en la Ciudad Autónoma, que carece de competencias, buena parte de la responsabilidad de lo que suceda con el próximo curso, cuya actividad en las aulas debe comenzar el 10 de septiembre. En manos de la Administración local, que va a recibir 7 millones del Gobierno central sin finalidad condicionada atendiendo a la distribución del Fondo
COVID estatal por criterios educativos, no solo se va a dejar asumir el coste de la compra de los equipos y materiales de protección individual básicos para la comunidad educativa (mascarillas y geles), sino también el del servicio de limpieza y desinfección de espacios escolares entre turnos en colegios e institutos y la necesidad de declarar su contratación un imperativo de emergencia sin la que difícilmente se podría llegar a tiempo teniendo en cuenta que apenas queda un mes para que los estudiantes vuelvan a las aulas.
Fuentes de la Administración consultadas por este periódico han cifrado en “algo más de mil euros por jornada lectiva” el desembolso que espera el MEFP de la Ciudad para dotar de mascarillas y geles a los más de 20.000 alumnos, docentes y personal de Administración y Servicios de los centros. En total, “cerca de 200.000 euros”.
Además, el Ministerio también cuenta con que la Ciudad Autónoma asuma el coste de refuerzo de las tareas de limpieza y desinfección de los colegios (de su competencia) e institutos (en manos del MEFP), al menos hasta que eche a andar el nuevo Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno, en el que se prevé incorporar a “unas 250 personas” para hacerse cargo de esos trabajos hasta final de curso. En este caso el coste de la contratación se cifra en “unos 100.000 euros mensuales”, aunque solo sería imprescindible hasta la activación de los programas de la institución de la Plaza de los Reyes, que se prevé “en noviembre”.
La Ciudad Autónoma también es la responsable, en este caso por sus competencias de Salud Pública, para validar los planes de contingencia presentados por cada centro educativo para el inicio de la actividad lectiva en septiembre en un escenario de pandemia no controlada y sin vacuna disponible todavía.