Los bañistas están manifestando su preocupación por la presencia de medusas en nuestras playas. Tanto en la orilla como en el agua se observan estos animales marinos, lo que obliga a extremar la precaución durante los días de baño. Hoy, este comentario es generalizado en Ceuta.
Esta mañana, en el Taller Gota a Gota de las Escuelas de Verano del Proyecto ICI de Cruz Roja, varios niños y niñas nos han contado que ayer sufrieron picaduras de medusa. A ello se suman las notificaciones recibidas de particulares sobre el estado actual de las redes antimedusas.
Ante esta situación, nos hemos interesado por la concesión del servicio de instalación y mantenimiento de las redes antimedusas, que —según la propia Consejería de Medio Ambiente— es la adjudicación de mayor cuantía económica dentro de los servicios vinculados a la temporada de baño.
La empresa concesionaria, con sede en Málaga, lleva tres años consecutivos obteniendo el contrato, pese a que el servicio ha dejado mucho que desear en temporadas anteriores, según nos trasladan diversas fuentes de manera extraoficial. En la última licitación, esta empresa volvió a resultar adjudicataria aun presentando una oferta más cara que la de una empresa ceutí, que además ya había prestado este servicio en años anteriores con resultados satisfactorios.
Según parece, la decisión se sustentó en un informe técnico favorable emitido por el responsable del expediente.
Y aquí surgen las preguntas que cualquier administración responsable debería plantearse:
- ¿Quién supervisa la eficacia real del servicio?
- ¿Es el mismo técnico que emitió el informe favorable a una empresa que, según los antecedentes, no cumplió adecuadamente las condiciones del contrato en años anteriores?
- ¿Qué criterios llevaron a descartar una oferta más económica, de una empresa local, con experiencia previa y con conocimiento directo del litoral ceutí?
La ciudadanía merece transparencia.
La administración, también.
Por ello, consideramos que la Consejería de Medio Ambiente debería abrir una investigación interna sobre esta adjudicación, revisar los criterios aplicados y garantizar que el servicio contratado —y pagado con fondos públicos— cumple realmente su función: proteger a los bañistas y asegurar unas playas seguras durante toda la temporada.
