El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha incorporado una batería de propuestas al borrador de la Declaración Institucional en Defensa de la Españolidad de Ceuta remitido por el Gobierno del PP y que será elevado al Pleno de la Asamblea este mes de julio.
Entre las aportaciones de la formación destaca especialmente la defensa de un cambio en la normativa que regula la entrada de productos por la frontera, una reivindicación que responde a las quejas de numerosos españoles que cruzan habitualmente el paso fronterizo y que ven cómo se les retiran artículos destinados al uso personal.
La formación considera que la declaración institucional debe ir más allá de una reafirmación política de la españolidad de Ceuta y traducirse en medidas concretas que mejoren la vida de los ciudadanos y eliminen agravios con respecto al resto del territorio nacional.
En ese sentido, MDyC apuesta por reforzar el documento con propuestas que consoliden la igualdad de derechos, el reconocimiento de la singularidad de Ceuta y el blindaje de aspectos considerados estratégicos para el futuro de la ciudad.
Entre todas las modificaciones propuestas, el séptimo punto adquiere un protagonismo especial al reclamar al Gobierno de España la reformulación y flexibilización de la Circular IM/1/2022, normativa que actualmente regula la entrada de productos de uso personal en Ceuta y Melilla.
MDyC plantea que los límites permitidos se equiparen a los establecidos en el Reglamento 2019/2122 de la Unión Europea, de manera que los ciudadanos de Ceuta reciban el mismo tratamiento que el resto de españoles y europeos cuando cruzan la frontera.
Además, la formación solicita un cambio que considera fundamental: que cada ocupante de un vehículo sea reconocido como un viajero independiente, aplicándose los límites de entrada por persona y no por vehículo, tal y como ocurre en otros territorios.
La propuesta responde a una problemática que, según recuerda MDyC, afecta diariamente a numerosos españoles que cruzan la frontera, quienes se encuentran con la retirada de productos destinados exclusivamente al consumo o uso personal, pese a no existir una finalidad comercial.
La formación entiende que esta situación genera un agravio comparativo con el resto del país y perjudica tanto a los residentes como a quienes mantienen una relación cotidiana con Ceuta por motivos familiares, laborales o comerciales.
Por ello, el partido considera que la declaración institucional debe servir también para exigir una normalización del tránsito fronterizo, adaptando la normativa española a los criterios europeos y evitando restricciones que consideran injustificadas.
Otra de las aportaciones destacadas de MDyC pasa por reforzar el compromiso con el complemento o plus de residencia, reclamando que quede plenamente garantizado para todos los trabajadores que desarrollan su actividad en Ceuta como compensación por los costes derivados de la extrapeninsularidad.
La formación entiende que este complemento constituye un instrumento esencial para reconocer la realidad diferencial de Ceuta y favorecer la estabilidad laboral, evitando que pueda verse condicionado por cambios políticos o decisiones coyunturales.
En esa misma línea, MDyC respalda que la declaración institucional incluya un compromiso firme para blindar los derechos de los ceutíes y rechazar cualquier iniciativa que pueda suponer un retroceso.
El texto también incorpora el rechazo expreso a cualquier acción política segregadora, extremista o que atente contra los derechos fundamentales de los ceutíes, defendiendo que todos los servicios públicos y derechos de la ciudadanía permanezcan protegidos con independencia del partido que gobierne en España.
Para MDyC, la defensa de la españolidad de Ceuta debe sustentarse no solo en declaraciones institucionales, sino también en la garantía efectiva de la igualdad de derechos, el reconocimiento de la singularidad de la ciudad y la eliminación de cualquier discriminación respecto al resto del territorio nacional.
Con estas aportaciones, la formación pretende que la declaración institucional que llegará al Pleno de julio no se limite a una reivindicación simbólica, sino que se convierta en una hoja de ruta política con compromisos concretos para reforzar la posición de Ceuta, proteger los derechos de sus ciudadanos y reclamar un trato equivalente al del resto de España en materias tan sensibles como la frontera, el régimen económico o el plus de residencia.
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