Según ha podido conocer el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), solo en el mes de enero, el Gobierno de la Ciudad Autónoma "ha debido abonar" por costas, intereses y sentencias judiciales un total de 172.031,43, "dado que las empresas que prestaban sus servicios para el Instituto Ceutí del Deporte (ICD) no han cobrado". A las ya "clásicas" condenas por la "falta de pago" a Arasti Barca, han recordado los localistas, "se unen en esta ocasión la empresa Ebone y hasta la suministradora de agua Aguas Oravi".
Para MDyC este "derroche" de los fondos municipales en sentencias judiciales es motivado por la "nefasta gestión que los innumerables encargados que han pasado por el ICD, quienes en vez de tomar medidas drásticas para sacar adelante la gestión diaria, prefieren adaptarse a lo que existe, aceptando la situación con la que se encuentran, provocando que el deporte ceutí sea el perjudicado".
Ante la "incapacidad más absoluta" de sacar un concurso a través de un procedimiento administrativo, deciden realizar los encargos a la multinacional Tragsa, "demostrando la negligencia con la que actúa esta Corte de los Milagros, incapaz de sacar un concurso público después de tres años vencido".
Para el MDyC la decisión de "no realizar reconocimientos extrajudiciales tomada por el alcalde, provoca unos gastos elevados e innecesarios a las arcas municipales, a lo que se añade la paralización de la administración del ICD incapaz de sacar un procedimiento administrativo de contratación".
Desde MDyC han propuesto, desde que llegaron al Pleno, un cambio en las estructuras deportivas del Ayuntamiento que permitan "mejorar la nefasta gestión" del Gobierno de Vivas, "que ha conducido al nulo mantenimiento de las instalaciones deportivas, al descontento de los usuarios del ICD, al malestar de clubes y federaciones con el método con que ofertan las subvenciones, y encima a tener que pagar una fortuna en sentencias judiciales".
