MDyC exige al Gobierno local que paralice las contrataciones de emergencia

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha denunciado lo que considera un “abuso” por parte del Gobierno local, refiriéndose específicamente a las contrataciones de emergencia.

“Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía denunciamos el abuso que el Desgobierno del señor Vivas sigue realizando de los contratos de emergencia, un procedimiento que según la Ley de Contratos del Sector Público debe ser utilizado cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”, recordando que una vez ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, “se observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación”, dando un plazo máximo de un mes.

Según la información que maneja el movimiento, la Intervención habría enviado una circular en agosto de 2020 a todos los departamentos, en la que advertía  que desde ese momento debían evitarse las contrataciones por emergencia, sustituyendo estas por los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la LCSP.  Desde MDyC han agregado que “los servicios y suministros que fueron adjudicados en su día por ese procedimiento excepcional no podrán seguir prestándose mediante un contrato de emergencia, sino que habrán de ser sometidos a licitación pública”.

Sin embargo, han asegurado que pese a la advertencia hecha, “desde el 21 de junio de 2020, en que finalizó el estado de alarma, el Ejecutivo local ha realizado 55 contratos de emergencia por un importe superior a los 6,8 millones de euros, saltándose los preceptivos procedimientos de adjudicación”.

Ante esta situación, el movimiento ha recalcado que “vamos a exigir la paralización de esta fórmula de contratación de forma inmediata y el control de todas estas adjudicaciones para conocer los beneficiarios”. Asimismo, el MDyC exigirá que se “inicien los procedimientos de contratación de los servicios que en su momento se dieron a dedo y que deben cumplir con la legislación contractual”.