El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía calcula que la “deuda oculta” de la Ciudad podría ascender a 15 millones de euros.
Así lo denunció ayer en un comunicado en el que los de Fatima Hamed ponen de manifiesto la existencia de una “mala praxis” debido a la existencia de dos nuevos reconocimientos extrajudiciales, dibujándose así un escenario que nada tiene que ver con el balance “glorioso” que hace unos días ofreció el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, sobre la gestión local.
“Su gestión”, dice MDyC, “nos ha conducido a las mayores cotas de endeudamiento conocidas y a soterrar la capacidad de decisión de los próximos dos gobiernos que surjan de las urnas”, critican.
El partido de reciente creación denuncia que la Ciudad ha ocultado en su balance de deuda el ritmo que ésta ha llevado en los últimos años. Así, si en 2008 no alcanzaba los 86 millones, en 2012 llegó a casi los 270 para cerrar el año pasado con más de 240. “Desconocemos dónde se han debido invertir tal cantidad de euros, aparte de en modificaciones, ampliaciones, correcciones y reconocimientos extrajudiciales. O en ese mamotreto conocido como el agujero negro del Revellín”, denuncia.
Entre los reconocimientos extrajudiciales de deudas aprobados, en esta ocasión se refieren a dos empresas de limpieza, una por la de la Biblioteca y otra por la Residencia de Mayores. En un caso justificándose en el retraso de la aprobación del contrato que tardó nueve meses en adjudicarlo.
Entre ambos reconocimientos, critica MDyC, suman 40.785,40 euros, “pero este es un pequeño ejemplo de todas las deudas que están pendientes; si empezamos a calcular a bote pronto, estas deudas encajonadas podrían ascender a más de quince millones de euros (ICD, EDAR, Acemsa,), por lo que la deuda real estaría más cerca de los 240 millones con lo que el Ministerio de Hacienda dice que acabamos el año pasado que de los supuestos 217 de los que habló”.
El partido de la oposición critica además que esa falta de pago está provocando una asfixia financiera al empresariado ceutí que es quien realiza el servicio y quien debe afrontar el abono de sus costes como “verdaderas víctimas”.
