Glosada hace apenas una semana como uno de los balcones “con mejores vistas del mundo” por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, el proyecto de nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hoy analizará por primera vez la Comisión de Fomento pretende acometer en Benzú una de sus “actuaciones emblemáticas” adaptando las ideas que ganaron el concurso ‘Europan 8’ a sus objetivos para “configurar una barriada de gran calidad urbana y medioambiental” con 260 nuevas viviendas (115 de ellas protegidas) con un máximo de tres plantas y sin áticos para darle a la barriada un tratamiento “específico” acorde con sus singulares características.
No obstante, los planes del documento que será sometido a la consideración del Pleno en septiembre son mucho más ambiciosos. Entre otras mejoras, contempla la posibilidad de trasladar el depósito de vehículos a una zona externa al suelo urbano y de ampliar las instalaciones del CEIP Pablo Ruiz Picasso.
El bosquejo de ese nuevo modelo de modelo de “ciudad de densidad media y limitado desarrollo en altura en consonancia con su particular ubicación en un ámbito LIC‐ZEPA” se completa con planes para “liberar de edificación los cauces que atraviesan el ámbito canalizando las escorrentías” y para “eliminar los edificios que rebasen el límite impuesto por la línea de Dominio Público Marítimo Terrestre”.
“Garantizar las comunicaciones interiores y la generación de espacios libres en el tejido urbano mediante el reajuste de alineaciones” y “generar nuevos equipamientos e infraestructuras y regularizar las zonas verdes y espacios libres” son los dos propósitos añadidos del proyecto de PGOU.
Realojos y derechos
El documento, que prevé la ejecución de la planificación propuesta durante el primer cuatrienio a partir de su aprobación, aboga por establecer un convenio con el Ministerio de Defensa para el desarrollo del ámbito y asegura que “se garantizará el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en la legislación vigente”.
Igualmente, el proyecto señala que “se indemnizará a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras e instalaciones que no puedan conservarse”.
También se materializarán las obligaciones previstas legalmente (cesiones de suelo y aprovechamiento y ejecución de la urbanización con las previsiones de simultaneidad previstas en las Normas Urbanísticas) “con carácter previo a la ejecución de la edificación”.
