Marruecos tiene actualmente 875 reclusos de ideología islamista, según la Coordinadora de presos islamistas, y un número similar de correligionarios que combaten, casi todos en Siria e Irak, según datos oficiales.
Tras los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003, en los que varios kamikazes mataron a 41 personas, se produjo una oleada de detenciones masivas en medios islamistas, de los que hay un centenar todavía preso, según la Coordinadora.
Pero la mayoría han sido encarcelados en los últimos tres años, tras las sucesivas desarticulaciones de comandos por parte de la Policía marroquí en todo el territorio, particularmente en la región entre Tánger, Castillejos frontera con Ceuta y Tetuán, en el norte del país.
Todos los detenidos son acusados sistemáticamente de “formación de asociación de malhechores con un programa de desestabilización del Estado” y si bien su detención tiene lugar a bombo y platillo, los juicios y condenas posteriores no reciben atención mediática.
Los juicios suelen ser expeditivos y “sin garantías jurídicas”, denuncia Mohamed Zahari, presidente de la Liga Marroquí de Derechos Humanos, que lamenta la “propaganda” consistente en mostrar a los procesados como enemigos de la nación y el Estado.
Según Zahari, es tal el flujo de información oficial que presenta al islamista como terrorista y que recuerda el riesgo que se cierne sobre comisarías, embajadas y hoteles, que una buena parte de la población está “en estado de shock” y es proclive a disculpar los abusos que sufren estos presos.
