El consejero de Hacienda ceutí, Francisco Márquez, ha asegurado que el abono de las nóminas del funcionariado no corre "ningún peligro" pero sí ha reconocido que no disponer de ese dinero, que supone "un tercio del total del presupuesto corriente de la Administración local", está obligando a la Ciudad a "ralentizar los pagos a los proveedores". El Gobierno de Ceuta que preside acumula "graves" tensiones de Tesorería debido a los dos meses y medio de retraso que acumula ya el Ministerio de Economía y Hacienda en la transferencia de los 46 millones de euros que debe ingresar a la Ciudad Autónoma de Ceuta con cargo a la compensación legal establecida por la desviación registrada en la recaudación prevista del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) local.
Ejecutivo
El Ejecutivo ceutí confía, de acuerdo con los contactos "al más alto nivel" mantenidos con el Estado, en que la Administración General abone "antes de final del presente mes" las cantidades pendientes, correspondientes a la evolución de la recaudación impositiva del año pasado.
Márquez ha lamentado que "por un lado el Gobierno legal aprueba normativas que nos obligan a agilizar los pagos a los suministradores y por otro genera situaciones que nos impiden cumplir con ellas", aunque ha reiterado la "buena sintonía" que mantiene el Gobierno local con el central.
El Estado está obligado por la la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 2002 garantiza la evolución de la recaudación líquida por el IPSI de Ceuta y Melilla en función de la variación del Producto Interior Bruto a coste de los factores, lo que asegura un incremento anual continuo de los ingresos que por este concepto reciben las dos ciudades.
