Paso adelante del Ministerio de Justicia toda vez que haya quedado aprobado el Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil por el que, por un lado, se incorporan las subastas judiciales al portal único de subastas electrónicas del Boletín Oficial del Estado y,
por otro, se permitirá la tramitación electrónica de los nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios, lo que evitará que los progenitores tengan que desplazarse para inscribir al recién nacido.
El proyecto, que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, para cumplir las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), nace rodeado de críticas, especialmente vertidas desde los movimientos sindicales.
El texto que ahora empezará su tramitación parlamentaria simplifica el procedimiento para participar en subastas. Los ciudadanos podrán acceder a todo tipo de pujas de bienes muebles e inmuebles que se produzca en cualquier lugar del Estado solo con darse de alta en el Portal de Electrónico de Subastas del Boletín Oficial del Estado cualquier día del año.
Con ello, según entiende el Ministerio que lidera Alberto Ruiz Gallardón, se ahorrará en costes y se logrará una mayor transparencia en todo el proceso necesario para realizar una subasta pública. Además, Justicia valora que se multiplicará la publicidad de los procesos y se podrá facilitar información casi ilimitada tanto de la subasta como del bien ofertado, lo que facilitará su venta a un precio superior. Se podrá participar en ella casi en cualquier momento y desde cualquier lugar.
La seguridad jurídica del procedimiento estará garantizada con una identificación inequívoca de todos los que intervienen, mediante la firma electrónica o firma con sistema de claves previamente concertadas. El sistema, del que será responsable un secretario judicial, garantizará un certificado electrónico de todas y cada una de las transacciones.
Ante esta situación, Comisiones Obreras informa que “no se detendrá hasta lograr que el proyecto de reforma de la LOPJ apueste por el mantenimiento de todos los partidos judiciales y de todos los juzgados y agrupaciones de juzgados de paz” y exige al Ministro de Justicia “que retire también sus proyectos que conllevan la privatización de los Registros Civiles y de los actos de comunicación y ejecución”.
