CCOO y UGT reunieron ayer a unas 60 personas en la Plaza de los Reyes para mostrar su repulsa, como en el resto de capitales de provincia, a lo que interpretan es una “campaña de amedrentamiento del Gobierno hacia los trabajadores” con las sucesivas limitaciones al ejercicio del derecho a la huelga. Ambos sindicatos coincidieron en denunciar “la ofensiva sin precedentes de la derecha, y en concreto del PP, para criminalizar las protestas”
y pusieron como ejemplo los 81 procesos abiertos en toda España contra 365 de sus compañeros “por defender un instrumento legal que ha facilitado el avance y la modernización del país durante décadas”. La protesta la resumía el lema de la pancarta: “La huelga no es delito. No nos van a callar”.
El secretario general de CCOO, Juan Luis Aróstegui, se encargó de subrayar que “lo que es un derecho se está convirtiendo en un delito por parte de un Gobierno que cree que así atemorizará a los trabajadores, impidiendo que den una respuesta adecuada a las políticas regresivas que pone en marcha”. Frente a ese supuesto objetivo, recordó que el movimiento sindical “ha dado prueba durante la democracia de firmeza al defender los derechos de todos los ciudadanos”, y en este caso resistirá el envite incluso “con uñas y dientes”. El mensaje lo hizo extensivo no solo a los trabajadores, sino a toda la ciudadanía: “Nadie se puede abstraer de lo que significa perder derechos laborales. En momentos de crisis esto es utilizado de forma absolutamente indigna para abolir derechos sindicales que han servido para que el país creciera y se lograran condiciones de trabajo dignas”. E insistió en que se trata de una “ofensiva en toda regla” a la que los sindicatos piensan plantear batalla “con todas nuestras fuerzas”, llamando a la “movilización” y a la “conciencia colectiva”.
En la misma línea, el secretario general de UGT, Antonio Gil, advirtió de que “no se puede utilizar el Ministerio Fiscal para recortar derechos, ni se puede utilizar el Código Penal para recortar derechos”, algo que consideró “ilegítimo” porque “los derechos a la huelga y a la manifestación son constitucionales y tenemos que defenderlos hasta las últimas consecuencias”. “Estamos aquí de manera pacífica para protestar contra la vía ilegítima del decreto y la imposición”, subrayó. “El Gobierno se equivoca y tendrá que rectificar”. auguró.
El PSOE mostró ayer su “apoyo incondicional a los sindicatos” y a sus demandas al entender que “hacen un trabajo impecable y justo en la defensa de los derechos de los trabajadores”, de ahí que los socialistas se posicionen “al lado de sus reivindicaciones y rechazando los numerosos procesos abiertos por ejercer el derecho a la huelga”. “La directriz del Gobierno nos remonta a prácticas que creíamos superadas, y el PP ha puesto de manifiesto que no sólo hace recortes sociales, sino también en las libertades”, denuncian los socialistas.
y en el ejercicio de los derechos", concluyen desde Daoiz.
“En Ceuta no hay casos, pero los habrá”
En Ceuta no se ha registrado aún ningún caso similar a los de los 365 sindicalistas imputados en otros puntos del país. No obstante, Aróstegui y Gil auguraron ayer que será cuestión de tiempo. El líder de UGT está convencido de que “nos afectará también, llegará el momento, porque la situación laboral y social que hay en Ceuta es dramática, con 13.000 desempleados”. Aróstegui se encargó de recordar que sí se han registrado casos de “actuaciones que han intentado cercenar derechos sindicales”, y puso como ejemplo la reciente prohibición, también en la Plaza de los Reyes, de la lectura de un comunicado público alegando “falta de permisos por un micrófono al parecer sin autorización”. “Detectamos en Ceuta una voluntad de utilizar todas las herramientas en contra de la acción sindical. Afortunadamente aún no hay ningún proceso abierto pero lo habrá”, presagió.
