Los políticos multados por manifestarse durante la visita del ministro de Educación, José Ignacio Wert, a Ceuta del pasado 26 de junio, los diputados de Caballas en la Asamblea Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui y el portavoz de Podemos en la ciudad autónoma, Julio Basurco, han presentado un recurso de alzada contra las sanciones de 301 euros por cabeza que les impuso la Delegación del Gobierno en calidad de “responsables como organizadores o promotores de la celebración de una concentración en lugar de tránsito público”.
En el recurso en el que se pide “que sea anulada la resolución sancionadora del expediente 260/2014”, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, los multados consideran que “las pruebas y argumentos utilizados son esperpénticos y sólo abundan en la idea de que más allá de aplicar las normas en defensa del interés general, lo que en realidad subyace en este expediente (tramitado contra otras tres personas con delirios similares) es una sanción política dirigida contra quienes combatimos las políticas neoliberales que están agrediendo injustamente al sistema educativo”.
Así, el presidente de la Junta de Personal Docente, Juan Luis Aróstegui, destaca que la concentración en la que participó fue “un ejemplo de corrección, exquisitamente respetuosa con las pautas sociales de comportamiento universalmente aceptadas”. “Parece obvio que no puede prevalecer una norma administrativa (existente precisamente para garantizar el derecho) sobre el propio derecho fundamental que se debe proteger”, razona.
Desde su punto de vista, “a sanción, una vez conocido que el desarrollo de la concentración fue impecable, pone de manifiesto que trata de una acción torticera, que en realidad persigue sancionar la protesta, con el fin de castigar a los que discrepan de la política del Gobierno y amenazar a la ciudadanía para disuadirla de combatir en la calle las devastadoras políticas del Gobierno del PP”.
“Se trata en definitiva”, repudia el sindicalista, “de un abuso de autoridad poniendo la maquinaria del poder al servicio de los intereses particulares de un partido concreto, el PP”.
Para los multados, que se apoyan en diversa jurisprudencia, “sancionar la presencia en una concentración, por el mero hecho de no haber sido comunicada, supone un ataque frontal a la libertad de expresión y una clara vulneración del derecho de reunión”.
“Si se hubiese podido convocar una concentración, con la antelación suficiente (y su correspondiente comunicación), hubieran acudido centenares, acaso miles, de ciudadanos indignados por una situación insostenible como la que padece la Educación en nuestra ciudad”, opina Aróstegui, quien recuerda que fue imposible hacerlo por la escasa antelación con la que se conoció la agenda ministerial.
