El CGAE subraya la necesidad de garantizar los derechos de los niños “desde el momento de su localización y a lo largo de todo el procedimiento de repatriación”.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) pidió ayer oficialmente al Gobierno que garantice que los inmigrantes ilegales que sean menores de edad no acompañados de un adulto tengan la asistencia de un abogado de oficio de forma obligatoria.
Esta es una de las principales preocupaciones expresadas por el CGAE tras analizar el borrador del reglamento de la Ley de Extranjería que la semana pasada les entregó la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, y que han estudiado detenidamente.
El informe de la abogacía subraya la necesidad de garantizar los derechos de los menores “desde el momento de su localización y a lo largo de todo el procedimiento de repatriación, incluyendo el proceso de determinación de la edad y protección por desamparo”.
Así, los expertos de extranjería del CGAE se muestran “contrarios a penalizar a un menor hijo de residentes legales con dos años de residencia irregular” tal y como recoge el actual borrador del Reglamento de Extranjería.
Para los abogados, este periodo de carencia debería ser “eliminado o al menos disminuido”, ya que “una anormal actuación” de los padres no debería repercutir en los derechos del menor, según han considerado.
Otro aspecto que los abogados han cuestionado es el del procedimiento para determinar la edad del menor que, en su opinión, “deberá hacerse de conformidad con su documentación” y, en caso de duda y aunque se inicien otros procedimientos para averiguarla, deberá considerársele menor.
Otros asuntos que aborda el informe del CGAE son el del procedimiento preferente de expulsión, que “deberá quedar limitado a los supuestos más graves, no en los casos de mera estancia irregular”, y las situaciones jurídicas derivadas de la irregularidad sobrevenida.
El procedimiento de arraigo laboral y familiar como vías de acceso excepcional a la autorización de residencia y trabajo, la migración circular y retorno voluntario y la renovación de las autorizaciones y residencias de larga duración son también aspectos que analizan el Consejo General de la Abogacía.
