La limpieza pública cuesta 264 euros por ceutí y año, 20 más que en 2015

La ‘Memoria justificativa del coste de los servicios y demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados’ elaborada por la Intervención de la Ciudad Autónoma para su Cuenta General de 2017, que hoy será sometida a la consideración de la Comisión Especial de Cuentas de la Administración autonómica, refleja en el estudio de los servicios desde el punto de vista del gasto público por habitante que los más caros son el tratamiento de residuos (con 264 euros por residente), la Policía Local (207), Menores (142), Políticas Activas de Empleo (139), ayudas y asistencia social (131) y Acemsa, que el año pasado costó 108 euros a cada ceutí.
Si esos datos se comparan con los del inicio de la legislatura recogidos en la Cuenta General de 2015 se comprueba que el coste per cápita de la limpieza viaria y la recogida de residuos ha aumentado en 20 euros (hace tres años salía por 244,25 euros por habitante y año), mientras que la Policía Local era entonces tres euros más barata (204).
La Ciudad Autónoma destinó el ejercicio pasado 23 euros más por habitante a Menores que hace tres años: en 2015 fueron 119,33 por empadronado y año.
Una evolución contraria han tenido las Políticas Activas de Empleo, que hace tres años importaban 153,34 euros per cápita y el ejercicio pasado menos de 140. El sostenimiento de la empresa púbica que se encarga de la gestión del abastecimiento y saneamiento de agua ha caído de 112,8 euros por residente a 108.
En términos absolutos la Administración General de la Ciudad consume algo más de 38,4 millones de euros, casi la mitad en sueldos. La concesión de Trace y el resto de partidas dedicadas a la recogida de residuos y limpieza viaria absorbió el año pasado 22,4 millones, 17,6 la Policía Local y 12,1 Menores (8,2 en retribuciones a su personal).
En el otro lado de la balanza, el servicio de Protección Civil apenas recibe 2,6 euros per cápita y el gasto en Vivienda no llega a 7,8 euros por ceutí y año, menos de una décima parte de lo que cuesta la producción de agua (90,3 euros por cabeza).
El gasto público en desarrollo del Turismo sigue siendo exiguo (1,7 euros per cápita) y a Juventud apenas van 4,7 euros por empadronado, un quinta parte de lo que cuesta RTVCE (23,04).

Obimace cuesta 85 euros per cápita; el SEIS, 64

Según el análisis del coste de los servicios por habitante realizado por Intervención, el año pasado el Cuerpo de Bomberos costó a cada ceutí 64,05 euros, menos que Obimace (85) y casi lo mismo que el ICD (62,6). La sociedad que gestiona el hotel municipal sale a casi 29 euros por vecino y año, mientras que Servicios Turísticos exige 17,4 euros a cada residente, diez veces más de lo que se invierte en el desarrollo del Turismo propiamente dicho (1,7). La promoción del Deporte consume 8,5 euros per cápita, menos que la UNED (11,8) y Educación recibe 42,05, algo más que Patrimonio Cultural (38,6).

Memorias justificativa y demostrativa exigidas por la legislación

Sin tener en cuenta los gastos generales, que durante el año 2017 ascendieron a 38,4 millones de euros, los servicios que más recursos consumen a la Ciudad Autónoma son la limpieza con 22,4 millones; la Policía Local con 17,6, el Área de Menores con 12,1, las Políticas Activas de Empleo con 11,8 y las ayudas y la asistencia social con 11,2, según los datos recogidos en la cuenta general del año pasado de la Administración local.
Según los análisis de la Intervención, “al analizar la contabilidad desde el punto de vista de los programas se observa que la mayoría se encuentran cerca de cumplir el objetivo fijado en los presupuestos”.
El Artículo 211 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece sobre las memorias que deben acompañar a la cuenta general que “los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior”, como es el caso de Ceuta, están obligados a elaborar tanto “una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos” como otra “demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste”.
Una vez aprobada en Comisión, la cuenta general quedará en exposición pública durante quince días.