La Delegación del Gobierno de Ceuta ha sido tajante con los trabajadores de sectores esenciales residentes en Ceuta que demandan libertad de movimiento para desplazarse a la Península donde viven sus familias. Mientras dure el estado de alarma por el
coronavirus, la institución de la plaza de los Reyes desestima conceder autorización al colectivo para ir a cuidar a sus familiares y regresar luego a la ciudad. “Prevalece siempre el interés general y ante todo está la seguridad y la salud de los ciudadanos”, ha resaltado el organismo que dirige Salvadora Mateos. Esta representación de la Administración General del Estado argumenta que un empleado esencial “procedente de la Península tiene que estar 14 días confinado” en su domicilio en Ceuta y, de acceder a su requerimiento, Ceuta perdería efectivos en servicios clave como el “cuerpo de funcionarios de prisiones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de Defensa”, entre otros. La máxima de la Delegación del Gobierno con la aplicación de los sucesivos decretos es “preservar la salud de los ceutíes” y recuerda que el país atraviesa una “situación extraordinaria de movilidad restringida” en la que la “frontera marítima no se puede abrir y cerrar según la necesidad de cada uno”.
La querella que esbozan los afectados
El hecho de que los “brotes de coronavirus han sido todos importados” de la Península no hace a la institución de la plaza de los Reyes más que reafirmarse en su decisión. Fuentes gubernamentales han recordado la alerta suscitada por los militares que acudieron a unas maniobras en la Península. Quienes se declaran afectados por la decisión de la Delegación del Gobierno avisan de la interposición de una querella ante la Justicia, envite que la institución está dispuesta a encarar. Este colectivo de empleados esenciales solicita evitar el “desamparo” de todos estos profesionales que están al servicio de Ceuta para salir de esta pandemia, por lo que consideran de recibo “crear un cordón de movilidad” que les permita cuidar a sus familias en la Península.