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Donde los lazos de sangre, la tierra y la lengua son símbolos de honor e identidad

Por Alfonso José Jiménez Maroto
09/10/2026 - 07:12
Donde los lazos de sangre, la tierra y la lengua son símbolos de honor e identidad
Imágenes cedidas
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El Rif, desconocido ante los ojos del mundo durante varios siglos, tradicionalmente ha sido un lugar inefable con una acepción que prosperó del árabe marroquí, pues en su génesis esta palabra significa orilla o margen y hace referencia a las tierras costeras y fértiles ubicadas cerca del mar Mediterráneo. Más tarde, atraparía una interpretación territorial en el que definía una zona accidentada y escabrosa en la costa septentrional. No obstante, será más adelante cuando se exponga tanto en sus reseñas como en las descripciones, referencias afines a una demarcación poblada por tribus que configuran coaliciones tribales angostas a la faja quebrada del litoral mediterráneo.

Sin embargo, el alcance que se le confiere a la unidad lingüística ‘Rif’, cambia según los estados árabes en cuestión. Así, en Marruecos, su etimología se adopta principalmente para determinar la comarca circundada por las aguas del mar Mediterráneo.

De este modo, su espacio en la escritura se utiliza para señalar a las cabilas que residen en su halo de rivalidad ancestral, pero no todas forman parte del Rif genuino, porque se concreta el énfasis geofísico de una región enfundando evocaciones políticas, cuando pretende caracterizar a ciertas tribus ribereñas.

Paulatinamente, se emprende una historiografía cimentada en indicios geográficos de la superficie rifeña, mediante antecedentes que conforman esa extensión vagamente encuadrada en una alianza. Irremediablemente, las primeras definiciones contienen algunos errores e imprecisiones espaciales sustentados en travesías y vivencias de rastreadores y caminantes.

Como quiera que sea, a lo largo de la historia ha sido reiterado ahondar sobre la situación geográfica del Rif, refiriéndonos al sector septentrional de Marruecos, cuyas montañas caen directamente al mar Mediterráneo, creando acantilados y bahías. O séase, desde el Atlántico, al oeste y el río Muluya, al este, englobando Yebala y Gomara. Toda vez, que estas dos últimas no son vistas parte del Rif, ya que se originaría al este de Gomara para diseminarse hasta la fachada limítrofe con Argelia. Un territorio que finalmente es desmenuzado como Rif Occidental, Central y Oriental.

El Rif, por ser una superficie en el plano con pendientes pronunciadas y de dificultoso tránsito, consignó a sus lugareños un estilo de vida colmado de obstáculos e importantes esfuerzos, tanto a nivel social como económico, marcado por la carencia y el sacrificio constante. Pero para conocer a fondo a los rifeños, habría que profundizar en su organización y engranaje tribal. Cuestiones que no abordaré en esta disertación.

Sucintamente, la tribu era el sistema político y social más relevante y se establecía en orden segmentario descendente. Es más, los componentes que formalizaban la adhesión a una tribu se hallaban vinculados a la conexión biológica y de parentesco, la tierra y la lengua. Y en su nacimiento, los integrantes de una tribu provenían de un ascendiente directo, un lazo presto a mantenerse por la vía matrimonial y preservado mediante la responsabilidad colectiva. Obviamente, esta concepción de lazos de sangre se esgrimió frecuentemente tanto para establecer acuerdos con otros clanes, como para aspiraciones políticas o económicas.

Como he citado inicialmente, el Rif está integrado casi en su conjunto por elevaciones salvajes, quebradas e inaccesibles. Argumento por el que la labranza se convirtiese durante un período considerable en una ocupación embrionaria. Esto demuestra la trascendencia de la tierra para sus nativos, que la transforman en una pertenencia poco más o menos, consagrada y en distintivo de honor y como no podía ser de otra manera, de consonancia identificativa.

Por ello, no es de sorprender, valga la redundancia, que la tierra se constituyera en la razón de ser preferente de las luchas entre las tribus.
Por otro lado, las ramas milenarias de lenguas bereberes o lenguas amaziges, se constituye en una pieza cohesionadora de las tribus circundantes. Hasta el punto, que los retrata en su pertenencia a las mismas. Además, confluye un incesante dialectal que comprende variantes conocidas como el tamazight, el tachelhit, el rifeño (tarifit) o el cabilio.

De lo expuesto en esta descriptiva del Rif, en ocasiones se ha determinado que Marruecos es una manifestación geográfica más que una expresión política, y el Rif, por momentos inexpugnable e invencible, sería la gran relegada de Marruecos por su laguna en infraestructuras que precisasen sus valores. Sin lugar a dudas, esta singularidad ha conllevado una autoconciencia de identidad en los rifeños, conservándose encadenado a sus hábitos y costumbres y el matiz principal: constantemente remisos a la creciente proyección extranjera en su tierra.

Lo que a posteriori sobrevino en el escenario jerifiano y con el Rif en el centro de gravedad, de todos es conocido: el desconocimiento más el recurrente sentimiento de desafección hacia el moro, o el insaciable apetito de ocupación inseparable a cualquier movilización colonial que ineludiblemente entrañaría la pugna entre dos culturas y la injerencia de arrebatos empecinados, virulentos y traicioneros, la falta de organización de los que dirimen y ordenan y aquellos que acatan y proceden, o el ardor guerrero de llevarlo a término por la fórmula de la improvisación. Y ni mucho menos la capacidad para operar con equilibrio para decidir de los que ejercen el mando en una zona huérfana de cartografía, unido a la ausencia de criterio fijo en los planes de acción, más el vacío de una política colonial explícita, condujo a España en sus primeros pasos a cargar con el lastre de una política imprevisible. Y en ocasiones, ello acarreaba aferrarse a una política militar de conquista y en otras, a la contemporización de los rebeldes.

“En un espaciotemporal que engarza las coordenadas y el tiempo en un marco inextricable como el Rif, España hubo de enfrentar una campaña ardua para apuntalar su control sobre la zona Norte del Protectorado”

Este es el temperamento que se superpuso para ejecutar el encubierto derecho de proteger, donde la insensatez e incoherencia política, la fogosidad mezclada con el arrebato de los jefes o el despecho bélico de los que asumían el mando, transfirieron a extremos devastadores.

Luego, el resultado no podría ser otro: el infortunio en toda regla del que es considerado el ‘annus horribilis’ para el Ejército de Operaciones de África.
El régimen colonial que aspiró ser algo que en verdad no lo fue. Y España, como actor de segundo orden tambaleante, lo divagó en sus ínfulas y la historia con su recorrido obstinado impuso su veredicto: los instintos anárquicos y turbulentos larvado entre las tribus del Rif y sus pretensiones de sacudirse la atadura impuesta por la fuerza contra cualquier signo de dominación, llevaron al Ejército de África a momentos críticos.

Con estas connotaciones preliminares y en un espaciotemporal que engarza las coordenadas y el tiempo en un marco inextricable como el Rif, España hubo de enfrentar una campaña ardua para apuntalar su control sobre la zona Norte del Protectorado. Quizás, pueda debatirse la configuración entrecortada político-administrativa y militar, que imposibilitó sostener una estrategia apenas consistente.

Las conferencias y tratados interpolados que proyectaban incrustar las zonas de influencia de las potencias europeas en Marruecos, llevaron a la proliferación de tensiones y a la postre, a la campaña militar en torno a Melilla.

Claro, que ello indujo a que en esta plaza de soberanía se estableciera una Capitanía General, en consonancia a las existentes de la geografía nacional. Mientras que Ceuta aparejaba un Gobierno Militar, apto para atender las demandas de la guarnición, pero ni mucho menos para una ampliación permisible de sus capacidades. Lo cierto es que cuando se ocupó Larache no se le otorgó entidad jurídica y la multiplicidad organizativa se agrandó.
Posteriormente, con la rúbrica del Convenio ensamblando la disposición de Francia y España en el Imperio Jerifiano, se instituía expresamente el Protectorado. Y al objeto de dotarlo de un apoyo militar se uniformaron las estructuras de mando de Ceuta y Melilla, introduciendo sendas Comandancias Generales cada una bajo la tutela de un General de División. Si bien, tres meses más tarde, se instauró una tercera Comandancia General en Larache, pero en este caso encabezada por un General de Brigada.

Para la dirección del Protectorado, el Convenio implantaba el perfil de la figura del Alto Comisario, dependiente del Ministerio de Estado y cuyos cometidos y competencias quedaron dispuestos a través de un decreto.

Como es sabido, el puesto quedó adjudicado en manos del Teniente General Felipe Alfau Mendoza (1848-1937), antiguo Comandante General de Ceuta y años más tarde tras su paso como Alto Comisario, Capitán General de Cataluña. No tardaría mucho en ocupar pacíficamente la capital del Protectorado (Tetuán) y entre sus prioridades, ejecutó el mando único sobre los órganos civiles y militares para desenvolver al máximo la zona bajo su control. Amén, que no le benefició en absoluto la edición sincrónica de sendas prescripciones de los ministros de Estado y de la Guerra, que ciertamente implantaron una estructura equívoca.

Me explico: aunque el Alto Comisario abrazaba la distinción de Inspector General de todas las Fuerzas, además de contar con una asesoría provista de los recursos humanos indispensables, las unidades del Ejército no quedaban a su mando, al igual que los Comandantes Generales de Ceuta, Melilla y Larache mantenían un elevado nivel de autonomía y sin más, despachaban abiertamente con el ministro de la Guerra. Y como se sospechaba, aquello derivaría en colisiones dialécticas que reportaron a la renuncia de Alfau. En breve, su sustituto, el Teniente General José Marina Vega (1850-1926), igualmente hubo de declinar, pero ahora por percances motivados por el Comandante General de Larache, Manuel Fernández Silvestre (1871-1921).

A este tenor y a fin de mitigar estos inconvenientes, quien subsiguientemente habría de ocupar el cargo a la cabeza de este organismo mediante el retrato del Alto Comisario y, a su vez, constituía la máxima autoridad española del Protectorado, iba a ser el Teniente General Francisco Gómez-Jordada y de Sousa (1876-1944), designado General en Jefe del Ejército de España en África. Con lo que se creó un mando único que proporcionó una mejor armonización de las operaciones enfocadas en el contexto de Tetuán.

Pese a ello, no se le equipó de un Cuartel General, aunque en algunos escritos a su gabinete se le confería tal designación.

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Ya en los primeros días de 1916, se suscribió el Reglamento General Orgánico para la Administración del Protectorado, que aun encontrándose supeditado al ministerio de Estado, tonificaba su condición. Aunque precisando al pie de la letra que “consideran autorizadas las relaciones directas que las autoridades militares y navales españolas mantengan con los Ministerios de la Guerra y de Marina en asuntos de carácter exclusivamente militar”.

Hay que aclarar al respecto, que la reputación y aplicación exhibidos por Gómez-Jordada, dieron luz verde a una vertebración eficiente, pero en ocasiones desacelerada por el teatro internacional llegado del conflicto bélico europeo y las ingentes complejidades socio-políticas de España.
Tras su muerte, el Gobierno de España barajó la viabilidad de designar a un civil para la función de Alto Comisario y dictaminó la extinción de la figura del General en Jefe, resolviendo en su lugar la plasmación de dos agrupaciones bajo la dirección representativa de los Comandantes Generales de Ceuta y Melilla.

Al mismo tiempo, se redefinía que la Comandancia General de Larache mantuviera su ordenamiento y división administrativa y judicial. Dado que la secuencia de intervención política y militar quedaría bajo la subordinación inmediata de la Comandancia General de Ceuta.

A criterio de diversos historiadores, este galimatías del Reglamento General Orgánico para la Administración del Protectorado se alargó en demasía, pues se dispuso que los Comandantes Generales debían cumplir las directrices que resultaran del Alto Comisario, aunque éstos trataran de primera mano con el ministro de la Guerra. Definitivamente, se descongestionaba el mando sobre la milicia y se comprometía al máximo exponente del Gobierno a relacionarse en persona con varios interlocutores.

El garante de esta actualización normativa corrió a cargo del ministro de la Guerra. En este caso puntual, el General de División Dámaso Berenguer Fusté (1873-1953). Además, concurrió la circunstancia de que más adelante sería propuesto Alto Comisario (26-I-1919/14-VII-1922), quien meses atrás había hecho tambalear esta labor.

Curiosamente, para escudarse en sus correspondencias y tratos con los Comandantes Generales, con quienes simpatizaba en rango militar e incluso eran más antiguos en el empleo, se determinó que desempeñara la supervisión sobre las autoridades y servicios civiles, militares y navales, tanto del Protectorado como de las posesiones o dominios de soberanía española.

El escenario tomó otro cariz cuando se nombró Comandante General de Ceuta a Silvestre (1919-1920), sumiso en todo momento a su camarada de promoción, Berenguer y más antiguo en el escalafonamiento.

A la par, se aprobó otro decreto en lo que atañe a las competencias del Alto Comisario. Ahora, abordando la conducción inspectora tanto en los procedimientos, como organización, recompensas y fuerzas indígenas.

Por ende, la suma de este rompecabezas en cuanto a los vínculos y atribuciones del Alto Comisario proseguían confluyendo, pero en parte atenuados superficialmente cuando de improviso se eligió a Silvestre como Comandante General de Melilla (1920-1921). Obviamente, más apartado de Berenguer y en una zona de operaciones aún observada dentro de un frente secundario.

Aun así, meses después hubo de entrar en escena un nuevo decreto y en cuya justificación de motivos se admitía la presencia de vaguedades en la unidad de acción, por lo que se facultaba al Alto Comisario la potestad sobre el conjunto de las fuerzas militares. Tales regulaciones daban la impresión de llegar a buen puerto al finiquitarse satisfactoriamente la toma de Xauen (14/X/1920), dirigida por Berenguer y el General de División Manuel Castro Girona (1875-1969), dentro de las operaciones de la Guerra del Rif (8-VI-1911/27-V-1927).

Conjuntamente, hay que destacar que este trazado reglamentado conservó su validez durante unos cuantos años, pese a que pronto se desencadenara el castillo de naipes del entramado de las posiciones españolas, empezando a desmoronarse con la derrota de Abarrán (1/VI/1921), seguido de la caída de Igueriben (21/VII/1921), el detonante extremo del calamitoso Desastre de Annual (22-VII/9-VIII/1921), donde la fe ciega del alto mando con Silvestre a la vanguardia, en una incursión relámpago sin afianzar las líneas de abasto ni el agua de los puestos avanzados, ante la amenaza de quedar aislados y acorralados con los que oponer resistencia a las arremetidas de los hombres de Abd el-Krim (1882-1963), se optó por abandonar la posición atropelladamente y sin un plan de evacuación preciso, con parte de la oficialidad desconocedora de las consignas específicas a cumplimentar y una tropa desalentada, el repliegue se entabló con confusión y en milésimas de segundos en estampida, para morir en un avispero infernal y, finalmente, la subsiguiente campaña de reconquista (1921-1922).

Tal vez, todo lo acaecido para mal se debiera a lo enfocado en el factor tiempo e inmediatez de las operaciones militares, quedando en un segundo término cualquier ejecución protectora. En cualquier caso, la vulnerabilidad institucional trajo consigo que en solo dos años transitaran por Melilla, nada más y nada menos, que seis Comandantes Generales. Y recién estrenado el año 1923, en razón de investir a un civil como Alto Comisario, desapareció el desempeño de General en Jefe del Ejército de Marruecos y se instauraron respectivamente, las agrupaciones Oriental y Occidental.

Visto y no visto, se salvaba la autogestión de los Comandantes Generales, prescindiéndose del cualquier resquicio de contar con una persona que conjugara las actuaciones militares en el septentrión marroquí.

De manera drástica, todo cambió con ocasión del golpe de Estado (13-15/IX/1923) materializado por el entonces Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930), cuando nuevamente se confirmó la trayectoria de la máxima autoridad española del Protectorado en manos de un militar. En esta ocasión tomaría las riendas de Alto Comisario, el Teniente General Luis Aizpuru y Mondéjar (1857-1939).

Con lo cual, retornaba el protagonismo y ejercicio del General en Jefe y con ello, un Cuartel General propio.

A comienzos de 1924 se daría un paso decisivo, al establecerse en la presidencia del Directorio una Oficina de Marruecos, contrayendo las obligaciones anteriormente impulsadas por los ministerios de Estado y de la Guerra. Ahora, constituido por ocho militares en alusión a las regiones militares presentes. Sin bien, desde este mismo momento el Alto Comisario dependía únicamente del presidente del Gobierno.

“España en sus primeros pasos por el septentrión marroquí hubo de cargar con el lastre de una política imprevisible, acarreando una política militar de conquista y en otras, la contemporización de los rebeldes”

La consumación de esta unificación de mando se alcanzó en las postrimerías de este mismo año, cuando tras la puesta en marcha de la dictadura de Primo de Rivera, principalmente, porque el rey Alfonso XIII (1886-1941) toleró el pronunciamiento y lo colocó como jefe del Gobierno al frente de un Directorio militar, ocupando la dirección de Alto Comisario que hizo gala durante los doce meses en que se concretaron tanto el repliegue a la Línea Estella como el Desembarco de Alhucemas (8/IX/1925), tras el cual le reemplazó el Teniente General José Sanjurjo Sacanell (1872-1936).

Una vez concluidas las operaciones de 1927, se ultimó una remodelación y se encajaron las siluetas del Jefe Superior de las Fuerzas Militares en Marruecos y del General Segundo Jefe. Simultáneamente, permutaban las Comandancias por cuatro jurisdicciones aparejadas por Generales de Brigada.

De esta forma, se cristalizaba una línea jerárquica articulándose bajo el paraguas de una autoridad central y tras su reestructuración bifurcaba en mandos territoriales. O dicho de otra manera: Primero, Gobierno de España / Ministerio de la Guerra, como máximo órgano rector metropolitano del que estribaban las disposiciones estratégicas y presupuestarias; segundo, Alto Comisario de Marruecos, máxima representación política y militar con emplazamiento en Tetuán; tercero, Jefe Superior de las Fuerzas Militares en Marruecos, General de División que ocupaba el peso directo del despliegue tras la pacificación de 1927; cuarto, Segundo Jefe o General Segundo Jefe, General de División que apoyaba al Jefe Superior en las funciones de organización y mando; quinto, Circunscripciones / Comandancias Generales, donde el espacio y extensión terrestre se fraccionaba en cuatro demarcaciones. Por último y conforme a la usanza y equidistantes en los núcleos principales: Ceuta, Melilla, Larache y Tetuán/Yebala, lideradas por Generales de Brigada; y sexto, Unidades y Cuerpos, en la base o cara basal de la pirámide intervenían los cuerpos peninsulares, al igual que las Fuerzas de Regulares a modo de soldados nativos con oficiales españoles, La Legión, así como las mejaznías o policía indígena acomodadas con los interventores.

En consecuencia, durante varios años se implementaron considerables variaciones en el armazón político-militar del Protectorado que auspició las intrusiones y la corrupción, al tiempo que problematizaba la mejora de fórmulas pautadas en la proyección y fijación de un foco estratégico acorde al contexto dominante. Y como colofón, las facultades y contingencias de acción del Alto Comisario no gravitaban tanto en su influencia institucional como en la jerarquía y trato directo o cercano personal.

Por fin, en los últimos coletazos del año 1923 se logró la unidad de mando conveniente, aun cuando compareciera el acaparamiento abusivo de cargos como ocurrió en la persona de Primo de Rivera, que le confirió clausurar los estragos de la guerra y preparar el terreno para operar la protección del Norte de Marruecos.

Finalmente, concluyo este texto haciendo referencia al Rif bajo los efectos extendidos de las prácticas imperialistas y las políticas de ocupación que se asentaron desde los inicios del siglo XX.

Si España había tocado fondo en un terreno siempre levantisco e insurgente y en pie de guerra contra cualquier forma de dominación, hay que mirar con el rabillo del ojo la relación colonial que el Imperio Jerifiano sostuvo con las potencias extranjeras. La administración del Rif no fue realmente una superficie territorial del Estado marroquí, sino un patrimonio del Protectorado Español en el Norte, a petición de Reino Unido que no veía con buenos ojos a Francia dominando el Estrecho de Gibraltar.

Esta presencia a modo de legado poseía una extensa travesía en el Rif con el Tratado de Tetuán, conocido oficialmente como el Tratado de Wad-Ras (26/IV/1860), la Conferencia de Berlín (15-XI-1884/26-II-1885), la Conferencia de Algeciras (16-I/7-IV/1906), el Tratado de Fez (30/III/1912) y el Convenio Hispano-Francés (27/XI/1912). Digo esto, porque por medio del Tratado de Fez, se circunscribieron los límites coloniales y se puso en manos de los principales actores europeos la gestión de esos espacios. La efectividad del Protectorado en el Rif y otras franjas norteñas, no comportaba una inclusión de esas regiones a Marruecos, sino un asentamiento o establecimiento colonial bajo la inspección del Protectorado francés y, en algunos casos, español.

De ahí, que resulte llamativo subrayar que la gestión española en el Rif no fue en ningún momento un traspaso de soberanía de Marruecos a España. Lo que aconteció en rigor, hay que interpretarlo como una subcontratación en la coyuntura del sistema colonial, en el que España siguió una supervisión operativa sin que ello denotara para nada una incorporación política o jurídica en Marruecos. Y desde el prisma del Derecho Internacional, la objetividad de esa relación no podía desprenderse como un concepto de soberanía marroquí, sino más bien, como una ocupación colonial que introduce límites territoriales visiblemente definidos.

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