De un tiempo a esta parte este medio viene denunciando las numerosas obras ilegales que se vienen ejecutando en distintos puntos de la ciudad y que, en algunos casos, se han llegado a demoler, aunque en la mayoría, han terminado por convertirse en auténticos palacios, sin que las autoridades competentes hayan movido ni un solo dedo por paralizar esta actuación y, mucho menos, por demoler la estructura ya levantada.
Es el caso de algunas viviendas situadas en Príncipe Alfonso, donde la falta de licencia ha caracterizado el desarrollo de obras que comenzaron hace casi un año y, a día de hoy, continúan a buen ritmo de ejecución. Algunos vecinos de los bloques contiguos ya mostraron su malestar en su día aunque, al parecer, sin que sus quejas, llegaran a buen término, y hoy esos bloques tapan la visión que antes disfrutaban los ciudadanos de la zona cercana al colegio Príncipe Reina Sofía.
Este tipo de edificaciones sin licencia de obras copan terrenos sin ningún tipo de consideración hacia el resto de residentes de la barriada del Príncipe. Además, los propios vecinos consideran que la normativa no siempre se aplica con la misma rotundidad a todos los infractores, pues algunos de ellos indicaban a este medio que en algún tipo de construcciones “pasan y no se les pone ni una simple multa”.
Pero ¿a quién cabe pedir responsabilidades en este asunto?. Si bien, por un lado, los efectivos de la Policía Local destinados en el Príncipe deberían actuar con rotundidad en intervenciones encaminadas a erradicar las construcciones ilegales, está claro que el quid de la cuestión debe correr de parte de la Ciudad, la cual debe zanjar la documentación pertinente para no permitir que la obra continúe a su libre albedrío.
Son muchas las edificaciones que se han podido constatar en esta barriada. Las actuaciones de demolición por parte de la Consejería de Fomento, a través de la Oficina de Obras del Príncipe, el pasado año, parece que no han tenido el mismo reflejo en los primeros seis meses de este. Poblado Legionario ha sido otra de las zonas en las que más viviendas ilegales se han levantado y también donde más demoliciones se han llevado a cabo.
Sanciones
Desde la Ciudad se ha intentado evitar este tipo de infracciones en materia urbanística con importantes sanciones. La multa mínima a imponer es el resultado de la valoración de la obra realizada por un técnico de la Ciudad. La sanción está prorrateada, en función de la forma en que se valore la construcción. Así, las multas serán mayores en el caso de una obra en avanzado estado de ejecución que en el caso de una incipiente.
El procedimiento establece aplicar la sanción en base a un 20% como techo máximo de la cuantificación de las construcciones irregulares, rondando las multas mínimas sobre los 6.000 euros.
