Todos los partidos de la Asamblea coincidieron ayer en la necesidad de “vigilar “que el reciente acuerdo para incrementar al 50% las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social no quede en papel mojado en algunas empresas. La moción, a instancias de Caballas y aprobada por unanimidad, buscaba el compromiso del Pleno para hacer cumplir los acuerdos del 4 de enero firmados, en presencia de las autoridades, por sindicatos y empresarios ceutíes. El diputado de la coalición, Juan Luis Aróstegui, aludió a que estas bonificaciones deben contribuir a “dignificar” los salarios de los trabajadores de las empresas privadas y que uno de sus objetivos es precisamente que los ciudadanos no perciban el sector privado “como algo de lo que hay que huir”, sobre todo por su diferencia salarial con el sector público”.
En su argumentación, el diputado de la oposición recordó que, a pesar de que el acuerdo cuenta con un amplio respaldo social y político “lo cierto es que determinadas empresas, exhibiendo una mezquindad indecente, pretenden apropiarse del importe íntegro de la bonificación perjudicando a sus trabajadores y provocando un injusto agravio conparativo con otros empresarios que cumplen con el acuerdo”. Por este motivo, Caballas quiso alertar de que esta situación se estaría produciendo incluso en empresas vinculadas, como prestatarias de servicios públicos a la Ciudad Autónoma, como Urbaser o la Empresa de Autobuses, “que ya han manifestado que se pretenden quedar con todo el importe de la bonificación”.
“La Ciudad no puede permitir que esto suceda”, matizó Aróstegui, que fue respondido por el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, quien precisó que se ha pedido información por escrito a ambas empresas y que , de confirmarse, se actuará en consecuencia.
Revisión de los contratos
El acuerdo, al que finalmente han llegado todos los grupos es el de instar a todas las empresas con las que la Ciudad mantiene algún tipo de vinculación a cumplir con los términos del acuerdo y, en caso contrario, se adoptarán las medidas que se consideren oportunas, que serán la revisión del importe de los contratos o bien revisando a la baja las tarifas que proporcionenlos ingresos para evitar un enriquecimiento injusto.
