Los trabajadores de las Brigadas Cívicas de Príncipe Alfonso, el colectivo que desempeña actividades vinculadas a tareas sociales o de seguridad en la barriada, emitió ayer un duro comunicado en el que denunció públicamente la “indecente situación laboral” a la que, aseguran,
les han abocado los impagos de sus nóminas desde el pasado mes de julio. Los empleados argumentan que el convenio suscrito entre la Asociación de Vecinos y la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios y Barriadas, por un montante global de 213.0856,06 euros, incluye los salarios de los diez trabajadores del grupo, por lo que exigen que se libren los pagos. “Diez familias que se encuentran en una situación ya no precaria, sino extrema, y que apenas ya puede afrontar los gastos mínimos de subsistencia. Una situación insoportable e intolerable, únicamente achacable a la nefasta gestión económica y administrativa de la Asociación del Príncipe Alfonso, con la connivencia de la Consejería quien, en un negligente control, ha permitido el desenlace caótica de estas Brigadas”, insistía ayer el colectivo con contundencia.
Elevando el tono en su denuncia, los integrantes de las Brigadas Cívicas incluso instaron ayer a la Ciudad a derogar “de forma inmediata” el convenio suscrito y renovado con la Asociación de Vecinos, y que los fondos presupuestados para el presente ejercicio de 2014 “se concedan a otra entidad social que los gestione al objeto de seguir prestando este servicio esencial, y que los diez trabajadores podamos seguir ejerciendo nuestra labor”, reclamaron.
Se cumplen los trámites
Desde la Ciudad, el propio consejero del área, Gregorio García Castañeda, aseguraba ayer a El Faro que su departamento está cumpliendo “escrupulosamente” con los trámites establecidos y que el problema, en definitiva, es sólo de plazos. “Tenemos un convenio firmado con la Asociación de Vecinos, que va cobrando las cantidades estipuladas cuando van presentando la documentación necesaria. Pero si Intervención no cuenta con todos los justificantes no puede ordenar el pago. En cuanto se van presentando, se van abonando sin ningún problema”, explicaba ayer el consejero, que insistía en que es el colectivo vecinal el que debe presentar la documentación que justifique el uso de las cantidades que libra su departamento. “Mientras no se acredite, no se puede pagar. La ley es para todo el mundo igual”, subrayó.
Abdelkamil Mohamed, presidente del colectivo vecinal de Príncipe Alfonso, convocó ayer mismo a la junta directiva de su asociación para analizar el contencioso tras las acusaciones de las Brigadas Cívicas. Tras la reunión, coincidía con García Castañeda en que están aún aportando “documentación correspondiente a 2013” y que hasta que no la presenten no recibirán el visto bueno de Intervención. No obstante, recordó que solo ejercen como “meros transmisores entre la Ciudad y los trabajadores” y que son “muy conscientes de los problemas que están atravesando los empleados”, por lo que intentarán subsanarlos en el menor tiempo posible. La plantilla, mientras tanto, recuerda que está realizando una labor “diaria y trascendental” en la barriada, que abarca desde acompañamientos hasta reordenación del tráfico, entre otros cometidos.
Unas brigadas, recordemos llevan actuando en la barriada del Príncipe desde hace ya más de diez años, suponiendo un recurso social y comunitario para esta barriada de carácter esencial. Muestra de ellos son las diferentes actuaciones que hemos desarrollado en la barriada; acompañamiento trabajadores sociales, servicio de notificaciones, apoyo en la regulación del tráfico y orden en los centros escolares, apoyo y acompañamiento a los diferentes servicios administrativos, enlace ciudadano entre la administración y la barriada, colaboración en la seguridad ciudadana entre muchas más actuaciones directas que hemos mantenido con los propios vecinos.
Si no se acredita, no hay dinero
La Ciudad, y en su nombre la consejera de Presidencia, Yolanda Bel, ha insistido en varias ocasiones en que el montante económico consignado en 2014 para las Brigadas Cívicas no se librará, y continuará bloqueado, hasta que la Asociación de Vecinos especifique, con documentación, a qué destinó las cantidades durante 2013. Es el mismo argumento en el que insistía ayer García Castañeda. Mientras tanto, los trabajadores insisten en que realizan puntualmente su cometido. “Trabajamos desde hace ya más de diez años, suponiendo un recurso social y comunitario para esta barriada de carácter esencial. Muestra de ellos son las diferentes actuaciones que hemos desarrollado en la barriada; acompañamiento trabajadores sociales, servicio de notificaciones, apoyo en la regulación del tráfico y orden en los centros escolares, apoyo y acompañamiento a los diferentes servicios administrativos”, insistían ayer.
, enlace ciudadano entre la administración y la barriada, colaboración en la seguridad ciudadana entre muchas más actuaciones directas que hemos mantenido con los propios vecinos.
