La Fiscalía ha pedido tres años de prisión y 4.320 euros y la Acusación Particular 200.000 por daños
Tres años de prisión y una multa de 4.320 euros es la pena que el Ministerio Fiscal ha solicitado para M.L.M. por la supuesta transferencia de una licencia de taxi y transmisión del vehículo. Una cantidad que en el caso de la Acusación Particular se ha incrementado hasta los 200.000 euros, al solicitar el tipo agravado del delito. El caso se juzgó en la Audiencia Provincial y quedó visto para sentencia. Los hechos se remontan al 12 de agosto de 2009, cuando el acusado tuvo conocimiento de que el titular de la licencia, A.L., se encontraba en prisión cumpliendo una condena por tráfico de drogas desde el 4 de abril de 2009. Fue entonces cuando decidió iniciar un procedimiento para conseguir la transmisión a su favor de la licencia de este servicio público, falsificando la firma del titular, según reza el escrito de acusación, sin el conocimiento ni autorización del mismo . Posteriormente, el 29 de septiembre de 2009, procedió nuevamente a falsificar la firma de A.L. para así adquirir el
taxi. El acusado negó haber falsificado ningún tipo de documentación, testificando que la transmisión de la licencia correspondía al pago de un préstamo no reembolsado de 18.000 euros y que a cambio del mismo, el denunciante le cedió la titularidad de este permiso.
Ante la discrepancia de testimonios, se ha realizado un careo entre el acusado y el testigo
A.L. desmintió este testimonio, al asegurar que no había recibido cantidad alguna del acusado y que en ningún momento había firmado documento para el traspaso de la titularidad, máxime cuando se encontraba cumpliendo prisión y no gozó de ningún permiso penitenciario. Entre los testigos citados para la causa, se encontraban dos trabajadores de la asesoría que el acusado señaló como la responsable de haber gestionado la documentación y que ambos negaron. Ante la discrepancia de los testimonios, fue necesario realizar un careo entre uno de los empleados y el acusado para aclarar los hechos. Las conclusiones de la Fiscalía se centraron en cuestiones como la inexistencia de un recibo del préstamo, aunque el acusado señaló que el dinero, que procedía de los ahorros de toda su vida, lo guardaba en su propio domicilio. Respecto a la cantidad, señaló la imposibilidad de llegar a acumular esa cifra con el salario de 800 euros que percibe el acusado. Además, el fiscal recordó que la licencia ‘puesta a la venta’ fue adquirida por A.L. en 1995 por 12 millones de las antiguas pesetas, es decir 72.000 euros, por lo que no tendría lógica venderla por una cantidad inferior. Entre las conclusiones de la Acusación Particular, se encontraba la relativa a la supuesta inmediatez con que se gestionó la transferencia, tan solo un mes, cuando el periodo habitual suele rondar los seis. Finalmente, el letrado de la Defensa alegó que su representado adquirió la licencia al titular, por el temor de que se la pudieran retirar ante su inminente entrada en prisión.