El equipo decanal de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta y el Rectorado de la Universidad de Granada (UGR) confía en resolver “durante los próximos días” en conversación directa con el Ministerio de Sanidad la problemática suscitada por el informe del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) que considera incompatible el que profesionales a su servicio sigan ejerciendo como profesores de la Escuela de Enfermería de la ciudad autónoma, que este año completará su integración en la institución educativa nazarí.
Fuentes de la Facultad de Ciencias de la Salud reiteraron ayer su sorpresa por la resolución del INGESA, que según su criterio contradice los acuerdos que el Ministerio de Educación, la UGR y la Ciudad Autónoma alcanzaron para promover la integración de la Escuela en la estructura de la Universidad de Granada “con la subrogación de su cuerpo docente en las mismas condiciones que tenía”.
“Esperamos que durante los próximos días se resuelva de una forma definitiva la cuestión, que genera una gran preocupación”, han deseado las fuentes consultadas por este periódico en Granada.
El proceso de integración de la Escuela de Enfermería de Ceuta en la UGR se diseñó en un convenio rubricado en 2008 que estableció que la Consejería de Educación dedicaría a tal efecto 250.000 euros en los años 2008 y 2009 y 210.000 euros en 2010. El Ministerio se comprometió, por su parte, a aportar 350.000 euros en 2008, 300.000 euros en 2009 y 2010 y 500.000 en 2011 para completar el proceso.
La rebautizada como Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta cuenta con 16 docentes que en su práctica totalidad compaginan su trabajo como formadores con otros empleos, fundamentalmente en el INGESA, aunque también en otros organismos públicos.
Desde primeros de año, casi todos ellos han recibido misivas de la Administración en la que se les insta a elegir entre uno de sus dos puestos al entender que no se puede compaginar el desempeño de ambos de acuerdo con lo previsto en la Ley de Incompatibilidades del Personal Público, interpretación que los afectados consideran rebatible apelando a la excepción recogida por “interés general”.
