La Comisión Europea no abriga pegas mayores a la figura del 'rechazo en frontera' que el PP introdujo en la legislación el año pasado y que Podemos quiere derogar y el PSOE "revisar" si llegan a gobernar.
En su respuesta a una pregunta de los eurodiputados de Los Verdes Ernest Urtasun y Ska Keller, el comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramópulos, ha explicado que el órgano ejecutivo de la UE ha analizado la compatibilidad del 'procedimiento especial de Ceuta y Melilla' con la Directiva relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.
Específicamente se ha revisado si la legalización de las 'devoluciones en caliente' es o no compatible con el artículo 4 de dicha Directiva, que establece que los Estados miembros "respetarán el principio de no devolución".
Para el comisario griego "revisten una importancia fundamental las salvaguardias contenidas en este 'procedimiento especial' por lo que se refiere a la protección internacional y a la posibilidad de solicitar protección internacional en los pasos fronterizos regulares".
"Además", añade, "la Comisión considera la reciente creación en las fronteras de Ceuta y Melilla de oficinas en las que los nacionales de terceros países pueden presentar su solicitud de asilo un elemento positivo para garantizar el respeto del principio de no devolución".
Avramópoulos reconoce también que el Interior español, Jorge Fernández Díaz, nunca envió una "respuesta oficial" a la carta que le remitió la comisaria Cecilia Malmström el 24 de octubre de 2014 trasladándole su "preocupación" por los planes del Gobierno español "de modificar la ley para permitir que los miembros de las fuerzas policiales manden a los migrantes indocumentados de vuelta a Marruecos directamente en la frontera".
A pesar de ese silencio desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, la Comisión Europea defiende que "se mantiene en contacto con las autoridades españolas sobre la situación en las fronteras exteriores de las ciudades de Ceuta y Melilla, que están sometidas a un control muy estrecho".
De las “dudas” sobre la legalidad al visto bueno
La legalización de las ‘devoluciones en caliente’ era para Malmström “una violación de la legislación de la UE”. En noviembre de 2014 el mismo comisario Avramopoulos, durante el debate en el pleno sobre una pregunta oral acerca de las expulsiones sumarias y la propuesta de legalización de ese modus operandi en España, también dijo que “lo que algunos llaman ‘devoluciones en caliente’ puede no ajustarse a las obligaciones derivadas de la ley de la UE y la ley internacional” y que la Comisión no dudaría “en tomar las medidas apropiadas si hubiera pruebas de que un Estado miembro ha infringido la legislación de la UE”.
El comisario europeo de Migración ya no prevé venir a la ciudad
El comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, el griego Dimitris Avramópoulos “no tiene previsto por el momento” visitar ni Ceuta ni Melilla, según ha especificado en su respuesta a una pregunta de los eurodiputados Ernest Urtasun y Ska Keller.
El político aplazó en abril del año pasado el viaje a las ciudades autónomas que ya había cerrado junto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Horas antes de cuando estaba prevista su llegada a Ceuta, el 19 de abril, el naufragio de una embarcación con unos 700 migrantes a bordo en aguas del Mediterráneo obligó a cancelar sus planes, que según se anunció entonces quedarían postergados para junio. El verano pasó, como el otoño y parte del invierno, y el viaje ha quedado, de momento, aparcado ‘sine die’.
El comisario pretendía ver en persona, entre otras cosas, la oficina específica abierta en el Tarajal en marzo del año pasado para atender a posibles solicitantes de protección internacional, un servicio al que nunca se vio mucho sentido habida cuenta de que difícilmente ningún indocumentado, sobre todo los de origen subsahariano, podría atravesar los controles marroquíes para cumplimentar ese trámite al otro lado sin necesidad de entrar irregularmente en territorio español. Su puesta en funcionamiento satisface, sin embargo, a la UE frente a los reparos al ‘rechazo en frontera’.
