Autora de una denuncia convertida en víctima.
Ese puede ser el resumen de la historia que está padeciendo la secretaria judicial que estaba destinada en la UPAD del juzgado número 3 que hace ya un año fue cesada de forma fulminante por el gerente territorial tras no haberse presentado un día al trabajo ya que las comunicaciones marítimas quedaron interrumpidas por un fuerte temporal de Levante.
Si la Junta de Personal ya advirtió hace un par de semanas de la injusticia del paso dado, instando a que dicha trabajadora fuera recuperada en su puesto, y criticó la tardanza en el procedimiento seguido en Algeciras en donde se denunció tanto al gerente, Francisco Cano, como a la secretaria de Gobierno de Justicia, Josefa Vilar, a los que aún no se ha tomado declaración, ahora la afectada opina sobre la situación en la que se ha visto envuelta. Tras denunciar los hechos, se ha ordenado que se le investigue para conocer cuántos trayectos hacía entre Ceuta y la península cuando trabajaba en la UPAD.
En una carta remitida a este medio, la afectada indica que "es cierto que aún sigo a la espera de que se tome declaración judicial a la secretaria de Gobierno y al gerente, denunciados en las diligencias previas seguidas en el Juzgado de instrucción número 4 de Ceuta, pero no sólo no se ha tomado a día de hoy declaración a los denunciados, sino que la primera medida que se ha acordado por la Juez de Instrucción, antes incluso que la toma de declaración a los denunciados ha sido que se me investigue a mí, la denunciante", explica.
Así, la abogacía del Estado que defiende a los dos denunciados ha solicitado que la Guardia Civil investigue todos los trayectos que la denunciante hizo de Ceuta a Algeciras y viceversa, horarios, compañías... durante el tiempo en que desarrolló su labor en los juzgados. "Yo me opuse, básicamente por ser dicha medida vulneradora de mi derecho a la intimidad, por no estar motivada por la Defensa y porque había otras medidas probatorias de mi diligencia en el servicio como podía ser la prueba testifical de los jueces titulares de los tres Juzgados en que había prestado servicio como secretaria judicial y que propusimos. A pesar de ello, e ignorando todo ello, la Juez de Instrucción acordó que se me investigara y ello sin una mínima justificación", denuncia.
La resolución judicial que acuerda dicha medida se halla en trámite de recurso, pero la investigación ya está realizada. "Mi nombre, mis acciones han sido objeto de investigación por la Guardia Civil, sin que hasta la fecha se haya acordado medida de investigación alguna acerca de si hubo o no coacciones y/o prevaricación, que fue lo que yo denuncié", añade.
Única medida, contra la denunciante
“No deja de ser insólito, dejando calificaciones jurídicas para otro momento, el hecho de que la única medida de investigación que se ha acordado en unas diligencias abiertas a raíz de una denuncia a altos cargos de la Administración, haya sido a la denunciante, en vez de a los denunciados. Ello supone una instrucción a la inversa, en vez de investigar los hechos denunciados que pueden ser constitutivos de delitos, y ello según el propio Auto del Juzgado por el que se admitió mi denuncia, se investiga a la denunciante”, expone la afectada.
