Las reticencias de los dos grupos de la oposición en la Asamblea, Caballas y el PSOE, a respaldar la propuesta que iba a elevar ayer la consejera de Fomento, Susana Román al Pleno en Sesión Extraordinaria para aprobar inicialmente tres cambios del PGOU vigente y el empeño del Gobierno local porque tal iniciativa prospere por consenso llevaron al Ejecutivo local a posponer su discusión para la Sesión Ordinaria de este mes, que tendrá lugar dentro de dos semanas.
Las modificaciones puntuales en cuestión se refieren a los ámbitos comprendidos en el antiguo acuartelamiento ‘El Brull’, la Plaza Nicaragua y, de forma conjunta, una parcela de Loma Colmenar y las instalaciones deportivas de Punta Bermeja ‘Tiro Pichón’.
El argumento para impulsar el cambio de sus usos de residencial a comercial y dotacional, en los dos primeros casos, respectivamente, y de dotacional a comercial, en el tercero, es “desarrollar el Plan Estratégico para el Desarrollo Económico de Ceuta”.
La Comisión de Fomento que, la semana pasada, analizó la cuestión, constató a ojos de la oposición que las modificaciones no tenían el suficiente respaldo en forma de dictámenes técnicos, por lo que el Ejecutivo de Vivas encargó al Negociado de Patrimonio deprisa y corriendo un informe sobre sus planes para ‘El Brull’, la modificación urbanística más controvertida, donde se pretende facilitar el aterrizaje de ‘Mercadona’ por la fórmula de la concesión de derechos de superficie.
Dicho estudio, a cuyas conclusiones ha tenido acceso este periódico después de que llegase a manos de los diputados ‘in extremis’ este lunes, no resuelve todas las dudas planteadas sobre la cuestión por la oposición en relación con un solar por el que la Administración local pagó diez millones de euros a Defensa con el compromiso de destinarlo a la construcción de VPO.
“Los bienes sobre los que se pretende actuar proceden de una compraventa al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) que contiene una condición: la no modificación del uso del suelo vendido, de manera que la alteración del mismo (en este caso, económico en vez de vivienda protegida) generará la facultad para ejercer su derecho de devolución”, advierte el informe, que sin embargo considera que Defensa no podría reclamar plusvalías porque la intensidad edificatoria de la parcela no varía.
El Negociado sí alerta, sin embargo, de que la constitución de derechos reales de superficie sobre el terreno a favor de un tercero (en este caso, la compañía valenciana de distribución, aunque no haya concretado su interés por desembarcar en Ceuta en ningún documento formal) “nos llevaría a una licitación pública mediante procedimiento abierto y un solo criterio de adjudicación, el precio (subasta), obligado por la legislación estatal del suelo al no poder llevar a cabo un concurso como contempla la legislación del suelo de muchas Comunidades Autónomas”.
Con este requerimiento, el propósito para el que se plantean las modificaciones urbanísticas (facilitar la llegada de grandes superficies comerciales a Ceuta, en este caso ‘Mercadona’) no estaría atado.
