La jueza María del Carmen Serván ha decidido que las oenegés que quieran ejercer como acusación particular en el caso de las 15 muertes registradas en los sucesos del pasado 6 de febrero deberán aportar, en conjunto, un total de 9.000 euros en concepto de fianza. Esa es la cantidad que suman los 1.500 euros que la magistrada ha determinado para cada una de las seis asociaciones.
Una de ellas, la Coordinadora de Barrios, se ha personado en la causa de forma individual y ya habría abonado los 1.500 euros requeridos. La otra acusación popular, que acudiría unida en una sola, la formarían la organización religiosa y de ayuda al inmigrante Elín, SOS Racismo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Andalucía Acoge y la Asociación Por los Derechos Humanos Andalucía (APDHA).
La personación de las organizaciones no gubernamentales se produce tras la ausencia de acusación particular, al no ser previsible que los familiares de los 15 fallecidos, de los que se desconoce la identidad, lo hagan. Serván inició las diligencias para esclarecer los sucesos que rodearon la tragedia del 6 de febrero tras el intento masivo de entrada de los inmigrantes a través de la frontera del Tarajal. Lo hizo tras la aparición del primer cadáver en aguas de Ceuta.
La primera parte de la instrucción ha estado enfocada a solicitar a la Guardia Civil las imágenes captadas por las cámaras instaladas en ese punto, algo que el Ministerio del Interior acabaría haciendo el pasado 21 de febrero. También ha solicitado los protocolos que regulan la actuación de las Fuerzas de Seguridad en el perímetro fronterizo y el uso de material antidisturbios.
, si los hubiera, para evitar la entrada de personas de forma irregular. Serván dio a Interior quince días de plazo.
Por otra parte, la jueza cursó una comisión rogatoria a Marruecos para conocer si el país vecino ha abierto algún procedimiento por los cadáveres aparecidos en su territorio y conocer, en su caso, el resultado de las autopsias.
