Otra de las cuestiones que a fecha de hoy siguen pendientes es el proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública, de acuerdo con el anuncio que a principios de año hicieron conjuntamente el delegado del Gobierno y el presidente de la Ciudad. De momento, esta iniciativa sigue pendiente de que ambas administraciones determinen qué tipo de dispositivos se instalarán y en qué zonas de la ciudad, así como de la financiación, que en principio le correspondería a la Administración local.
La Delegación del Gobierno sigue pendiente de un estudio pormenorizado y se está pendiente de que haya una reunión conjunta con la propia Ciudad Autónoma. Una vez que sean los técnicos quienes decidan cuáles son los puntos exactos donde estarán instaladas, el Gobierno autonómico debe establecer el coste real de la inversión e incluirlo en sus Presupuestos o en todo caso ejecutar un expediente de modificación de crédito.
Legalmente, debe ser la Ciudad Autónoma la que solicite a la Delegación del Gobierno la instalación de estas cámaras y tras la realización del mencionado informe, elevarlo luego al magistrado que entiende de estos asuntos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ya en su día comentó el delegado que el informe de la Ciudad Autónoma contaría con el visto bueno de la Administración General del Estado.
