El ejercicio de la política en nuestra ciudad está muy contaminado por la visión burocrática de la vida que solo aspira a amarrar el poder, recluyéndolo en los despachos oficiales y por supuesto sin permitir que se eleven otras visiones modernizantes de nuestra ciudad. En términos shopenhauerianos podríamos decir que la voluntad de poder está desatada y cabalga constantemente sobre la representación racional de lo que debe ser y consistir un ejercicio de gobernanza compartido, democrático y participativo. Educar en estos valores sería propio de personas que creen en la vida y en su propia ciudad y no de mentes pesimistas y ennegrecidas con la futilidad de sus ocupaciones entregadas al incesante papeleo vacuo; mentes de despacho y memorándums y de muchos informes técnicos elaborados por auténticas máquinas orgánicas. Para la mente burocrática todo es potencialmente malo o delictivo o es susceptible de serlo en breve. Una lástima que hayan unido voluntad de poder y representación de ejercicio del gobierno en una suerte de narcisismo de la estupidez sin fin en el que los sujetos mandarines (altos funcionarios de cualquier administración) se sienten imprescindibles.
La desagradable consecuencia nos lleva a un esperpéntico espectáculo cuyos protagonistas son una especie de grupo de iluminados de la gestión municipal en el que está vetada la entrada a la ciudadanía activa y participativa. Si hubieran seguido al filósofo pesimista, al buda de Frankfurt, en sus soluciones existenciales se habrían convertido en ascetas y no en pequeños déspotas municipales. También podrían haberse acercado a Kant o al cándido Spinoza, no solo para empollarse los apuntes del instituto y machacar los exámenes, y sentido el peso de la razón y de las limitaciones mentales del ser y por lo tanto habrían huido del egocentrismo del que participan tan encomiablemente a diario. A través de la excitación de asistir a ceremoniosas reuniones a nivel nacional y recibir altos cargos del gobierno español se va creando un superego que llega a convencer al sujeto que la perduración en el ejercicio político es la única vía posible para su gran existencia. De esta guisa y a pesar de las buenas intenciones originales del neurótico del poder llegamos a la situación de inseguridad jurídica en la que nos encontramos en estos momentos. Alguien que desea estar siempre en el mismo lugar haciendo lo mismo dentro del opresivo ambiente de los despachos, y sin ser un santo, es posiblemente inmune a la vida plena y necesita ayuda urgentemente. El atrincheramiento en el despacho oficial incrementa una neurosis de iluminación en la que el sujeto se siente imprescindible para gestionarlo todo rodeado de su corte de sublimados gestores, y mientras tanto la inseguridad jurídica progresa adecuadamente por las calles de la marinera ciudad y quedan impregnados todos los estamentos del estado. Después de los inexplicables retrasos en la finalización del PGOU y de la gran cantidad de reuniones mantenidas con los distintos responsables del área de fomento que hemos conocido, las fuerzas de la codicia y de la especulación, como casi siempre, han ganado.
A algunos de los responsables y especialmente a una de ellas le tenemos que reprochar que después de todo lo hablado al respecto del PGOU se haya desentendido del tema y mire para otro lado mientras se destruye el poco patrimonio arquitectónico que nos queda. Es decepcionante contemplar el decadente espectáculo político en personas que teniendo otra mentalidad, muy diferente, se jactan con legitimidad de no tener que estar ahí y sin embargo tragan con todo lo que se les dicta. Para los gestores de la cosa municipal, la catalogación de un edificio de valor histórico-arquitectónico no ofrece necesariamente protección al propio inmueble y parece que se sortea la ley en los despachos para procurar que finalmente el edificio pueda ser derribado y poder especular con el solar y las nuevas viviendas que se van a vender a precio de oro. ¿No fue este gobierno municipal el que desmanteló la residencia de Nazaret arrebatándoselo a una antigua asociación caritativa ceutí para dárselo a una empresa privada?; acaso ¿no es una de las razones principales liberar suelo municipal para hacer negocios?, no dejaré de preguntarme como pueden hacer estas cosas sin contar con la opinión de los ciudadanos sobre un asunto tan delicado.
Volviendo al asunto de los edificios catalogados, lo que más irrita no son las argucias legales o la dejadez en los procedimientos jurídicos sino también la falta de buen gusto y de visión patrimonial de la actual gestión política, que permite la destrucción del escaso número de viviendas que merece la pena conservar. No hay soluciones y tan solo manda el mercado y el capital, el ayuntamiento arruinado por el bulímico capítulo uno y los sueldos astronómicos que paga tampoco se plantea compensar económicamente a los propietarios para salvaguardar algunos inmuebles y se limita a mirar para otro lado mientras los propietarios de edificios catalogados dejan morir los edificios históricos de la ciudad. En muchas calles del centro, como por ejemplo la calle Isabel Cabral, hay edificios que están abandonados a su suerte y se dejan morir por falta de rentabilidad y afán de lucro de sus propietarios. No hacen caso de las advertencias de la administración municipal y se niegan a renovar las infraestructuras o vender los pisos a los vecinos alquilados. Solo quieren derribar para construir o vender el solar para que otros construyan; solo persiguen los pelotazos económicos. Con un mercado desregulado o muy mal regulado como el inmobiliario es lógico que solo las mentes de ética elevada refrenen sus impulsos de codicia; si tuviéramos una administración amiga que colaborara activamente en la preservación del patrimonio surgirían muchas posibilidades de establecer acuerdos entre las partes para conservar el patrimonio de todos.
Para el mercado inmobiliario se aplica un miserable darwinismo social en el que todo vale para sobrevivir y enriquecerse a costa de pagar viviendas como cajas de zapatos a precios inverosímiles. Pero para los sueldos de los mandarines (funcionarios de las administraciones públicas en general) hay que aplicar todas las leyes proteccionistas que hagan falta para no terminar perjudicando a los “padres de familia” utilizando una expresión que detesto por carca y casposa. Se pagan unos sueldos millonarios, en Ceuta, a personas que se han pasado media vida pegados a los apuntes memorizando leyes que no saben defender con valentía, y a cambio nos devuelvan labores ineficientes a la hora de la protección del medioambiente o del patrimonio. Los grandes funcionarios de la administración de justicia y la fiscalía no han sido capaces de iniciar un solo expediente con ninguna de nuestras denuncias sobre contaminación marina, destrucción de bienes de interés cultural o natural.
¿Ni siquiera habrá un fiscal que se pregunte porqué la ciudad no contesta nuestros escritos cuando se le pregunta por la catalogación de los edificios, diversas cuestiones ambientales y tantas otras cuestiones de interés ciudadano?. El periódico de hace pocos días ha dado cuenta del último atropello contra el edificio declarado en ruina económica del paseo del Revellín que están derribando, la administración de justicia como siempre mirará para otro lado y esta vez ni nos vamos a molestar en escribir denuncias a la fiscalía, que no moverán ningún expediente. No obstante, en el apartado de recaudación el estado ha sido mucho más diligente y dispuesto, por ello, la inspección de trabajo decidió enviar, seguro que bajo denuncia bien contrastada, a uno de sus mejores agentes de la lucha en contra de los abusos laborales a inspeccionar las malvadas acciones en contra de la ley del trabajo y la seguridad de los trabajadores perpetradas por la Fundación Museo del Mar que, como es bien sabido, es un famoso centro de contratación ilegal de trabajadores debido a su enorme capital dedicado a estas cuestiones. Nos acusa la inspección de cesión ilegal de trabajadores y en vez de advertir, aconsejar y asesorar para corregir lo que se estaba haciendo en desacuerdo a la compleja legislación laboral se decide sancionar para recaudar. Es mucho más fácil oprimir al débil que vérselas con las otras administraciones que son las primeras infractoras de las leyes. El resultado ha sido dos trabajadores más en el paro y una inspectora que se va a la península por méritos adquiridos en su acción sádica en contra de la sociedad a la que se supone que debe servir.