La FSP-UGT acudirá a los tribunales si se nombra al superintendente jefe de la Policía Local por libre designación, es decir, que sea elegido de forma “dedocrática”, ajustándose a “criterios de gusto o afinidad personal, en vez de atenerse a criterios profesionales objetivos”, expone el sindicato en un comunicado.
A juicio de la FSP-UGT, el puesto de superintendente jefe debe corresponder a un funcionario de la Ciudad y el acceso a dicho puesto debe ser tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución Española, ajustándose a los principios de igualdad, mérito y capacidad y no a criterios políticos de afinidad, mediante el procedimiento de concurso oposición. “No solo supone un menosprecio a los funcionarios de la Ciudad al considerar que no están capacitados para su desempeño, sino que en un alarde delirante pretende mediante su dedo hacer funcionario de esta Administración a una persona ajena a la misma, como podría ser un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas”, expone el sindicato, aludiendo directamente a las pretensiones que, dice, tiene ya en mente el presidente de la Ciudad.
En otro orden de cosas, en relación con el Reglamento de Bomberos, tuvo que ser retirado, también por exigencia de la UGT ya que por parte de la Administración se presento un documento basado en un reglamento que estaba derogado hace unos veinte años.
No obstante, desde UGT, “una vez observadas las modificaciones que pretende introducir el Gobierno de la Ciudad, comprobamos que la única intencionalidad de esta modificación es que el Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento sea elegido por el dedo del Presidente Vivas y a este respecto queremos manifestar los siguiente: En ningún caso vamos a transigir porque el Jefe del SEIS sea elegido a dedo entre funcionarios de cualquier administración con el único requisito de que sea licenciado sin especificar siquiera la titulación necesaria y en el supuesto de que persistan en esta idea, la Unión General de Trabajadores acudirá a los tribunales para denunciar que se vulneran principios básicos del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Constitución.
