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El Ministerio Público debe decidir si aprecia o no un supuesto de prevaricación por inacción administrativa
El consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, ya ha declarado ante la Fiscalía en relación con la ejecución de las sentencias de la Audiencia Provincial y el Supremo, que rebajó levemente por motivos de forma la primera, contra dos policías locales que no fueron expulsados del Cuerpo pese a haber sido inhabilitados.
El miembro del Ejecutivo local dio cuenta anteayer en sede judicial de los diferentes criterios que mostraron los Servicios Jurídicos de la Administración local en relación con si el veredicto y la inhabilitación deberían conllevar la pérdida de la condición de funcionario o si la “suspensión” de condena dictada por la Audiencia para la pena principal de prisión y accesorias no exigía su expulsión. Ante la disyuntiva preguntó a la Sala, que rechazó hacer interpretaciones. Al consejero le acusa la familia de la víctima de una posible prevaricación por inacción.
