Se están realizando gestiones ante la Dirección General de Política Interior para reducir la espera.
El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, está realizando gestiones ante la Dirección General de Política Interior, instancia dependiente del Ministerio que ostenta Jorge Fernández Díaz, orientadas a tratar de agilizar los tiempos en la resolución de los expedientes de los solicitantes de asilo, según confirmó ayer un portavoz de la Delegación del Gobierno.
Estos contactos con las altas instancias de la Administración General del Estado persiguen hacer más breves los trámites para obtener esta protección internacional o bien notificar que serán expulsados del territorio nacional tras corroborar que el demandante incumple la casuística para que le sea concedida esta consideración, prosiguió la Delegación.
No obstante, esta representación del Gobierno central en la ciudad aclaró que estas medidas, las cuales se encuentran en estos momentos en estudio, siempre respetarán los plazos que marca la legislación vigente en materia de Extranjería. Desde la Plaza de los Reyes explicaron que estas reuniones se ciñen a Ceuta pero entiende que Melilla y Canarias comparten la misma problemática.
Esta futura modificación para acortar la espera de los aspirantes a refugiado, que la Delegación insistió que se encuentra en estudio, puede suponer un cambio normativo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la Administración evite una reforma mediante la búsqueda de fórmulas dentro de la normativa existente con el objetivo de que los plazos sean lo más breves posibles.
Carlos Guitard, director del centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, comunicó recientemente que, en la actualidad, el tiempo medio de espera para que los residentes obtengan la documentación para su traslado a la península se cifra en seis meses. Sin embargo, existen expedientes cuya resolución se ha demorado por encima de ese tiempo. Estos retrasos ocasionaron la sobreocupación de las instalaciones del Jaral, una saturación que la Delegación quiere evitar además de demostrar su atención y sensibilidad hacia el colectivo inmigrante.
El derecho de asilo supone una protección internacional que frena la devolución a sus países de origen de los extranjeros que entran de forma irregular en el territorio nacional. Esta condición otorga una autorización de residencia en España; los documentos de viaje e identidad necesarios; y el permiso para desarrollar actividades laborales, profesionales o mercantiles.
El bloqueo del solicitante en la ciudad autónoma
El ‘bloqueo’ al que se enfrentan los solicitantes de asilo que residen en el CETI ha provocado protestas en el colectivo inmigrante; hizo que Naciones Unidas denunciara las largas esperas para obtener esta protección y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) también abordó esta cuestión en la visita que realizó en junio de este año. Unas quejas derivadas de las políticas que impiden la libertad de movimiento de los solicitantes de asilo en Ceuta, es decir, su posibilidad de cruzar a la península. Pero además hay otros colectivos que se amparan en ese tiempo de espera para poder delinquir, tal es el caso de los argelinos.
