La representación de la administración central en la ciudad tiene el mismo plazo para decidir si procede a la readmisión de los trabajadores o les indemniza. La compensación global para los trabajadores “ronda los 300.000 euros”, según cálculos del abogado de la plantilla, repartidos entre los 14 denunciantes en función de su antigüedad en el departamento.
El abogado calcula que la Delegación del Gobierno tiene hasta el próximo lunes o martes para decidir qué acciones emprenderá de acuerdo con la sentencia.
El fundamento jurídico que ha inclinado la sentencia a favor de los empleados de la UPD hace referencia a que los contratos incurren en “fraude de ley” y porque la legislación “les ampara dentro de una concatenación de contratos hasta que alcanzaron la condición de indefinidos”, explicó su abogado quien sostiene que, aparte, “el objetivo de su contrato no había concluído”.
“Los trabajadores, obviamente, optan por la readmisión porque el mercado laboral atraviesa un momento complicado”, señaló el letrado de UGT. Sin embargo, continuó el representante legal, “el grupo está evaluando la sentencia y valorando si ellos son los que van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, porque entienden que hay serias posibilidades de que esta instancia declare la nulidad del despido, lo cual conllevaría la readmisión automática e inmediata”.
En caso de que la representación del Ejecutivo central recurra, “la cuestión pasaría a manos del TSJA”, indicó el letrado, para aclarar que la interposición de recursos ante este tribunal puede ser “mutuo”.
La UPD fue disuelta el 15 de agosto de 2012 alegando una supuesta terminación de los contratos de trabajo “cuando la naturaleza jurídica de los trabajadores, y así queda acreditado con esta sentencia, era la de indefinidos no fijos”, destacó el representante del sindicato.
UGT critica la gestión “nefasta” del Plan de Empleo
Para el letrado de los 14 trabajadores, los resultados de la sustitución de la UPD son los que “públicamente parecen obvios”. Por un lado, continúa el abogado de UGT, “los trabajadores de Plan de Empleo que comenzaron en diciembre de 2012 no han cobrado ni ese mes ni enero y no saben cuándo van a cobrar”. Además, continúa el representante sindical, “no se sabe exactamente dónde está entre el 20 y el 30 por ciento de la plantilla del Plan de Empleo y a qué se dedica. Es decir, podría estar perfectamente en su casa sin hacer nada”. Para finalizar, el abogado sostiene que la “tramitación de la intervención del contrato ha sido tan nefasta que se habría mandado una nota de queja a la Delegación del Gobierno por la chapuza en la fase y en la intervención previa de los contratos”. Como ‘broche final’, la subdirectora general de Empleo de la Ciudad, Adelaida Álvarez, “se jactaba en diciembre del año pasado que su departamento iba a hacer en cinco días lo que la UPD no pudo hacer en 14 años; y al final resulta que ha montado el mayor desbarajuste en toda la historia del Plan de Empleo en Ceuta”. UGT considera que estamos ante el “mayor ridículo” que podría hacer la Delegación del Gobierno al “despedir a 14 personas y tener que readmitirlas siete meses más tarde”.
