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Rechaza el recurso de Caballas, que pedía un estudio a fondo de los costes de comercialización
La secretaria general del organismo autónomo Servicios Tributarios ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por la coalición Caballas contra la resolución que apareció en el BOCCE del 2 de junio y en virtud de la cual se establecía el sobreprecio permitido de venta aplicable a las bombonas de butano en Ceuta.
En su recurso, Mohamed Ali defendía que la resolución de 2013 que recoge una compensación ya suprimida a la empresa comercializadora “es obsoleta porque en el transcurso de los cuatro años transcurridos desde su publicación y entrada en vigor los costes de comercialización pueden haber sufrido variaciones sustanciales”, por lo que para mantener la medida reclamaba “un exhaustivo estudio de costes que justifique el contenido del acto administrativo”.
Además, la formación localista advertía de un posible “vicio de incompetencia” ligado al nombramiento de no electos como consejeros. Sobre este punto, la secretara general se limita a recordar que el Consejo de Estado ha dictaminado que “el presidente de la Ciudad [de Melilla, pero también de Ceuta por extensión] ostenta la facultad de designar consejeros y viceconsejeros que no sean miembros de la Asamblea”.
Sobre el fondo del asunto, la posición de la Administración parte de que la Ciudad no tiene habilitación para “analizar los costes de comercialización del producto en Ceuta” sino solamente para “identificar factores específicos locales que justifiquen las diferencias en dichos costes”. “Una vez identificados, obviamente, es preciso cuantificarlos para su toma en consideración si se considera oportuno en la resolución que autorice la variación en más o en menos sobre los costes cifrados por el Estado”.
Para Pastilla ahí se fundamenta la resolución que “cuantifica los factores específicos locales en el 100% de la compensación que fue establecida por el Pleno en 1997” y que tiene fundamento en “condicionamientos físicos y objetivos afectantes a Ceuta (extrapeninsularidad, limitado volumen de demanda, costes añadidos de transporte...” que hacen que los costes de comercialización del producto sean aquí “muy superiores a los existentes en el territorio común” de España.
“Sin renunciar la Ciudad al criterio de asimilación entre la compensación al consumo de producto y la variación de los costes, el consejero de Hacienda requirió informe técnico sobre el importe de aquellos en el apartado correspondiente a los factores específicos locales”, recuerda la secretaria general, que hace tres años concluyó que “la incidencia es de 2,11 euros por botella de 12,5 kilos, casi idéntica al importe de la extinta bonificación”.
