La delegación técnica de la Ciudad Autónoma que ayer, encabezada por Pedro Sierra y Jorge Chaves, visitó las obras de rehabilitación del antiguo acuartelamiento del Teniente Ruiz para convertirlo en Campus Universitario se negó a recepcionar la obra
con lo que la Unión Temporal de Empresas (UTE) a la que se adjudicó el proyecto se expone ahora a sanciones de 5.000 euros al día desde la jornada en la que venció el plazo que tenía para terminar los trabajos, el pasado 15 de enero.
La normativa da un plazo máximo de un mes a partir del final del plazo de ejecución para formalizar el acta de recepción de los trabajos, periodo que concluyó ayer. Según fuentes del Ejecutivo local, el estado de las obras supera el 95% de ejecución, pero no están completamente terminadas.
La Consejería de Hacienda deberá analizar ahora los argumentos expuestos por Dragados, Corsán y ACC para justificar la demora y, en su caso, imponer la multa contemplada en el pliego de adjudicación del proyecto, que ya sumaría más de 150.000 euros. Fuentes del departamento que lidera Guillermo Martínez explicaron que se estudiará la situación “y se aplicará el pliego en todos sus términos, incluida la imposición de sanciones, si resulta procedente”.
Las obras del antiguo acuartelamiento del Teniente Ruiz, que el Ejecutivo que preside Juan Vivas tiene previsto tener plenamente operativo como Campus Universitario el próximo otoño, arrastran también una revisión de precios por 1,2 millones de euros que Caballas considera irregular abonar pero que ya están consignados en el Presupuesto de la Administración local para este año.
La UTE resultó adjudicataria del proyecto en 2009 por un importe de 25,1 millones de euros que, como las obras de la primera fase del ‘Plan Aparca’, se financiaron por el denominado ‘método alemán’. La rehabilitación comenzó en 2010 con un plazo de ejecución de 24 meses. El Campus acogerá las instalaciones de la Facultad de Educación y Humanidades de la UGR, el Centro Asociado UNED-Ceuta y el Centro de Lenguas Modernas de la Ciudad.
La Ciudad y Urbaser, abocadas al Juzgado
El Gobierno local está decidido a defender sus argumentos en el Juzgado ante las reivindicaciones económicas de Urbaser por su desempeño durante las dos últimas décadas con el servicio de limpieza pública viaria y recogida de basuras. La empresa reclama cerca de 10 millones de euros a la Administración local por tres conceptos: la limpieza de zonas no contempladas en el pliego de la concesión como los polígonos del Tarajal; la subida salarial pactada con la mediación del Ejecutivo para evitar una huelga durante la Semana Santa de 2008 y los intereses legales acumulados.
