Se trata de una de las grandes novedades de los presupuestos del próximo año y que desde Asuntos Sociales califican como “una idea importante que vamos a intentar desarrollar como un paso más a la defensa de las personas incapacitadas legalmente”. Así lo ha explicado la consejera del área, Rabea Mohamed, que destaca en la partida presupuestaria destinada a convenios del próximo año, la incorporación de este proyecto planteado por Cruz Blanca.
Planteado como una necesidad con la que cuentan en el resto de regiones del país, desde Cruz Blanca, el hermano responsable, Juan Ignacio Vela, explica que el nuevo órgano otorgaría una personalidad jurídica para que las personas incapacitadas legalmente y sin familias puedan tener un respaldo y se amparen en este órgano para tener una defensa. “Desde Cruz Blanca tenemos a muchas personas tuteladas, pero es necesario este tipo de órgano totalmente independiente formado por técnicos responsables y que representen legalmente ante cualquier acto jurídico a todas estas personas que no pueden tomar decisiones como pueden ser la tramitación de sus pensiones, venta de inmuebles o incluso la tutela establecería la permisividad para que lleven a cabo excursiones siendo responsables subsidiarios de los beneficiarios del nuevo órgano”. Aunque no se ha planteado aún la gestión del futuro órgano, caben varias posibilidades para llevarla a cabo: por un lado podría desempeñar la responsabilidad de gestión de la fundación un nuevo patronato integrado por las dos administraciones y Cruz Blanca y por otro la propia Fundación Cruz Blanca que lleva a cabo trabajos de este tipo en otras comunidades del país. Vela insiste en que lo ideal sería un órgano en el que se responsabilicen también las administraciones como garantes del bienestar de los ciudadanos. Aunque en un principio el proyecto se planteó con un presupuesto aproximado de 15.000 euros, aún quedan muchas cuestiones que perfilar para su puesta en marcha.
