A falta de liquidez de sobra, el Gobierno de la Ciudad que preside Juan Vivas recurrirá a la fórmula moderna del trueque de siempre, el denominado ‘pago en especie’, para mantener vivos algunos de sus proyectos que no entran en el catálogo de prioridades fundamentales del momento (mantener los servicios públicos y el empleo estructural), como el de proteger y, cuando sea posible, poner en valor el yacimiento arqueológico del Pasaje Fernández.
El primer expediente de modificación presupuestaria aprobado en el ejercicio en curso por el Ejecutivo local, ya en plazo de exposición pública para ser sometido a la consideración del Pleno en septiembre, contempla suplementar la partida de ingresos y gastos con 1,6 millones de euros, el mecanismo contable elegido para recoger en las cuentas públicas la operación en virtud de la cual se transferirán terrenos por ese valor a la constructora propietaria del solar donde se hallaron cientos de vestigios de ‘la calle Real del siglo XIV’ para expropiar el espacio que ocupan dichos restos.
Se trata del paso necesario para, a medio plazo, poder “poner en valor” mediante su museización ese espacio, en el que entre otros elementos se localizó en 2009 un oratorio islámico del siglo XIV previo a la conquista portuguesa de la ciudad que sus investigadores han descrito como “uno de los mejores de Al-Andalus y el Magreb” por su estado de conservación.
La Asamblea evitó en 2010 declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la zona, decisión que hubiese conllevado la paralización de la promoción inmobiliaria que se está ejecutando sobre los restos hallados, cuya inversión total está cifrada en unos 40 millones.
Quince días de exposición pública
El BOCCE del viernes abrió el plazo de quince días hábiles durante los que permanecerá en exposición pública el primer expediente de modificación presupuestaria para el ejercicio 2012 aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 3 de agosto por un importe total de 54,1 millones de euros. Durante tres semanas, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, al que se prevé elevar el documento a la vuelta de las vacaciones parlamentarias de agosto.
