Según explicó el Gobierno de la Ciudad, el edificio que está siendo derruido en la esquina entre Paseo de las Palmeras número 8 y Hermanos Gómez Marcelo número 2, se debe a su precario estado.
En concreto, una “ruina inminente por amenaza de desplome del forjado de la cubierta y de balcones debido a daños estructurales muy graves”, tal y como figura en el informe técnico en el que el inmueble es declarado en ruina. “Cuando se detectó esto se adoptaron medidas cautelares, instalando andamiaje y mallas de protección”, aseguran desde el Gobierno de la Ciudad.
Según explicaron desde el Ayuntamiento, esta demolición corresponde, como marca la ley, al propietario del inmueble. Sin embargo, es la propia Ciudad la que ha iniciado la ejecución de la demolición de manera subsidiaria. “Los plazos que tiene el propietario han concluido, y por tanto, para mejorar la seguridad de la gente se ha optado por la demolición”, aseguran desde el Ayuntamiento, cuya Consejería de Fomento se ha encargado del edificio.
Desde el Ayuntamiento especifican que el hecho de que la administración se encargue de la obra de manera subsidiaria no significa que vaya a ser sufragada por las arcas municipales. En estos casos, tal y como marca la ley, se pasa la factura al propietario del inmueble y se le hace pagarla.
Un factor más que ha contribuido a la premura por el derribo, según aseguran desde el Ayuntamiento, es la seguridad. En concreto, y debido a que se trata de un inmueble situado en el Paseo de las Palmeras, de gran tránsito para peatones, se ha considerado que no debía dejarse pasar más tiempo. “Por eso, en vez de usar una máquina, se hace a mano”, explican.
No protegido por el PGOU
Cuando en la semana pasada comenzó el derribo del edificio, la asociación Septem Nostra denunció que se trata de un inmueble protegido. Sin embargo, desde el Ayuntamiento aseguran que “no tiene ningún tipo de protección, ni mucha ni poca, porque no está catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana”. Ahí radica la discrepancia con la interpretación de la ley que hace la asociación para la conservación del patrimonio y del medio ambiente. Según afirmó su presidente, José Manuel Pérez Rivera, “sí está protegido en el PERI, redactado unos años antes, y no creemos que el PGOU derogue esa norma”.
