El informe elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda sobre el coste anual de los servicio públicos prestados y las actuaciones soportadas por la Ciudad en los polígonos del Tarajal y su entorno se eleva a 5,7 millones de euros incluida Policía Local, Parque Móvil, Obimace, Trace, Tragsa, Planta de Transferencia de residuos, Negociado de IPSI Importación y servicio de seguridad privada en el paso peatonal para porteadores del ‘Tarajal II’.
Para efectuar sus cálculos, los técnicos del departamento que políticamente lidera Kissy Chandiramani han dividido esos servicios en cuatro ámbitos funcionales diferenciados: Policía Local y Parque Móvil por un lado (casi 2 millones de euros de costes al año); seguridad privada (cerca de 200.000 euros); recogida de residuos y limpieza (3,2 millones); y gestión extraordinaria del IPSI Importación y Gravámenes Complementarios (unos 360.000 euros).
La Policía Local tiene destinados en los polígonos de forma permanente a quince efectivos de la UIR más los apoyos de Tráfico que respaldan a la Guardia Civil en la Carretera Nacional (una media ponderada de dos agentes diarios de lunes a viernes). Cada efectivo tiene un coste de entre 4.400 y 5.400 euros al mes. El Parque Móvil, a su vez, colabora con Obimasa en la retirada de vehículos abandonados o de chatarra.
La seguridad privada está adjudicada a ‘Eulen’ y en el ámbito de la limpieza se emplean Obimace, Trace y Tragsa, así como la Planta de Transferencia. Obimace retira cartones con un coste anual de casi 2 millones y a Trace su trabajo en la zona le cuesta 376.302 euros al año “en la zona de influencia de la frontera”.
Según las estimaciones de los técnicos, a Tragsa se le puede imputar un coste de trabajo en la zona del Tarajal de casi 820.000 euros al año, mientras que solamente transportar al otro lado del Estrecho las 950 toneladas métricas de cartones recogidos en el ámbito fronterizo cuesta 104.500 euros. A la gestión tributaria se dedica un jefe de Negociado y cinco auxiliares administrativos.
Caballas no ve nada bueno en la tasa que proyecta el Gobierno del PP y se enfrentará a ella en el campo político y, si es preciso, también en el judicial. “En nada contribuye a resolver los problemas de la frontera y, sin embargo, sí supone costes adicionales para las empresas, ya de por sí muy castigadas”, lamentó. En una nota, la coalición criticó que “el hecho imposible es difuso y confuso porque no ese pueden precisar los servicios extraordinarios imputables realmente a la actividad comercial; es muy dudoso que las empresas puedan ser consideradas sujeto pasivo según la ley; y la evaluación de los costes económicos carece por completo del más elemental rigor económico”. Caballas rechazará la propuesta en el Pleno, presentará las correspondientes alegaciones y, si el PP no recula, la someterá a la consideración de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
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