El Pleno de la Asamblea aprobó ayer con los únicos votos a favor del Grupo Parlamentario Popular ampliar en 2,7 millones de euros la operación extraordinaria de pago a proveedores con cargo a un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que recibió el visto bueno de la Cámara autonómica en marzo por un importe de algo más de 80 millones de euros después de que el interventor advirtiese la semana pasada de que ésta sería la última ocasión para saldar deuda comercial impagada antes del 1 de enero. El interés de esta herramienta será finalmente del 5,9%, nueve décimas por encima de lo previsto inicialmente.
El consejero de Economía y Hacienda, Guillermo Martínez, explicó que las asumidas ahora son cerca de 400 facturas que “en su mayoría” corresponden a medio centenar de pequeñas y medianas empresas “con sede en la ciudad autónoma”.
El Ejecutivo local se ha negado a aceptar más de 17 millones de euros “reclamados por grandes empresas” por diversas razones, entre otras que los técnicos entienden que ya han sido abonados sus conceptos o que no se pueden reconocer, así como que se habían formulado por duplicado.
La coalición Caballas, que votó en contra, y el PSOE, que se abstuvo, repitieron argumentos sobre “el último coletazo del plan de pago a proveedores”, según descripción de Martínez, del Pleno de marzo.
Tanto Aróstegui como Carracao señalaron distintas facturas como “ejemplo” de lo que a su juicio es “la demostración palmaria de los diez años de despilfarro que han marcado la gestión de este Gobierno con el dinero público”.
El localista insistió en que desde 2001 el Ejecutivo de Vivas ha contratado al margen de la legalidad y el socialista denunció que las consecuencias de tal proceder las han soportado empresas y trabajadores primero “mientras el Gobierno se negaba a reconocer la cuantía real de sus impagos hasta que el Estado le ofreció la oportunidad de saldarlos” y ahora los ciudadanos “en forma de endeudamiento para una década que deja a la Ciudad sin margen de maniobra”.
