La Consejería de Fomento del Gobierno de Ceuta ha asegurado en su respuesta a una interpelación de la coalición Caballas sobre la situación de la iniciativa de desafectación portuaria de la zona aledaña a la avenida Cañonero Dato que el Ejecutivo que preside Juan Vivas “comparte” el objetivo localista de dejar esa parte de la ciudad en manos de la Administración local.
“Es una incoativa compartida pero cuyo impulso corresponde a la Autoridad Portuaria de Ceuta y, en todo caso, a la esfera de la Administración General del Estado”, destaca la consejera de Fomento, Susana Román, en su contestación al diputado Mohamedi Abdelkader Maanan. “Siendo una iniciativa compartida”, añade la miembro del Ejecutivo ceutí, “y siendo alentada por el Gobierno, no podemos hacer más que apoyar la iniciativa con entusiasmo, esta y todas las que vengan a fomentar la mejora del Puerto, de la ciudad y, por tanto, de todos los ciudadanos de Ceuta, aunque escape a la esfera de nuestras competencias”. Caballas lleva toda la legislatura reclamando a la Ciudad Autónoma que se ponga de acuerdo con el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy para desafectar la mayor parte de los terrenos de la Autoridad Portuaria ceutí al entender que mantenerlos bajo su dominio es un “anacronismo” que perjudica al “interés general” de la ciudad. "El puerto”, recordó ayer Juan Luis Aróstegui en declaraciones a este periódico, “es una zona de gran valor estratégico en orden a la planificación del desarrollo urbano, social y económico y su progresiva vinculación al tejido urbano ha terminado por convertir una parte muy considerable de su recinto en una parte más de la ciudad pero este hecho no ha venido acompañado de la lógica modificación del régimen legal aplicable, por lo que todo cuanto sucede allí es una serie interminable de disfunciones, irregularidades e inseguridad jurídica que perjudica notablemente los intereses generales”. El planteamiento de la coalición pasa porque la avenida Cañonero Dato y su entorno “ya no obedecen a intereses portuarios” y, sin embargo, ese área tiene todas las potencialidades “para convertirse en el nuevo centro comercial de la ciudad, con capacidad para que se levanten en suelo público y a precios asequibles al menos medio millar de viviendas y un gran número de locales y oficinas”. Según Aróstegui el proceso de desafectación no ha arrancado por mera “falta de voluntad política”. “Primero se ha querido someter a la aprobación del Plan de Usos del Puerto y después se ha esgrimido la valoración de los terrenos como el mayor escollo, aunque el millón de euros que aproximadamente ingresa anualmente la Autoridad Portuaria por las concesiones administrativas de la zona no debería ser tampoco ningún obstáculo insalvable”, opina el localista. Límites de valoración La Ley de Puertos establece que los bienes de dominio público portuario que resulten “innecesarios” para el cumplimiento de fines de este carácter podrán ser desafectados por el Ministro de Fomento, a propuesta de Puertos del Estado, previa declaración de innecesariedad por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria e informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre las características físicas de dichos bienes, a efectos de la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Los bienes desafectados se incorporan al patrimonio de la Autoridad Portuaria, que puede proceder a su enajenación, permuta o, en su caso, cesión gratuita previa comunicación a la Dirección General de Patrimonio del Estado. Cuando el valor venal del bien, determinado mediante tasación independiente, es superior a 3 millones de euros y no excede de 18 su enajenación y las condiciones de la misma deberán ser autorizadas, además, por Puertos del Estado. El Gobierno es el competente para hacerlo cuando el valor sobrepasa la última cantidad. Sólo se admite la cesión gratuita de bienes desafectados “a favor de las Administraciones Públicas” y “para fines de utilidad pública o interés social”.
